Diego Fischer
Diego Fischer

Mentirosos y avivados

Se hace difícil trasmitir un mensaje de optimismo a nuestros hijos en el Uruguay de hoy. Llegué a esta conclusión luego de una serie de hechos recientes que, sin estar o tal vez sí vinculados entre ellos, me hicieron pensar en el país en que vivimos y su futuro.

Se hace difícil trasmitir un mensaje de optimismo a nuestros hijos en el Uruguay de hoy. Llegué a esta conclusión luego de una serie de hechos recientes que, sin estar o tal vez sí vinculados entre ellos, me hicieron pensar en el país en que vivimos y su futuro.

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic fue el orador en el acto del 25 de agosto. Allí habló de educación: “Reafirmamos el compromiso con la educación (...). Esa educación y esos conocimientos son los que nos garantizan libertad y la conquista de la dignidad”, afirmó en un pasaje de su alocución. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Nadie o casi nadie. Si no fuera porque quien esto manifestó, dice poseer un título universitario que nunca mostró. Se trata del presidente del Senado que, semanas atrás, se declaró partidario de quitarle el beneficio impositivo a las empresas que hacen donaciones a las universidades privadas. ¿Sabrá Sendic que esas contribuciones han demostrado ser una forma muy eficiente de administración y transparencia de recursos? Ni hablar de los resultados académicos.

Tiempo atrás, un importante empresario, que contribuye a solventar uno de los institutos de educación que funciona en el barrio Casabó, me dijo que si el Estado promoviera más este tipo de políticas ahorraría mucho dinero y lograría una enseñanza de calidad para la sociedad en su conjunto. No mediaba en sus palabras ideología alguna; sino la experiencia de un hombre exitoso y trabajador que cursó, varias décadas atrás, Primaria y Secundaria en escuela y liceo del Estado.

La ineficiencia estatal, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la viveza criolla esa suerte de corrupción enmascarada, nos desconcierta y enfurece. Y si no fíjese lo que reveló Búsqueda el jueves último. A través de un informe, nos enteramos que en lo que va del actual período legislativo que comenzó el 15 de febrero del 2015, los legisladores pidieron 3.544 días de licencia extra, que costaron o, mejor dicho, nos costaron $ 25 millones.

La semana pasada el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, anunció que el Poder Judicial no tiene recursos para llegar a fin de año. Sostuvo que se han dejado de pagar facturas y solicitó al Ministerio de Economía una partida de $ 26 millones para paliar la situación. Si hacemos cuentas es un millón de pesos más de los que el Poder Legislativo pagó a los suplentes de algunos fatigados legisladores.

En situación aún más crítica se encuentra la Junta Anticorrupción que preside Luis Yarzábal. Necesita $ 27.000 por día para cumplir con sus funciones, de aquí al 31 de diciembre. En el organismo trabajan 20 funcionarios, 8 son contratados y los 12 restantes están en comisión. Y qué decir del Tribunal de Cuentas, que no tiene plata ni siquiera para la mudanza a su nueva sede.

Con un vicepresidente de la República que pregona lo que no hace, con sectores del oficialismo que le imponen al gobierno una fenecida ideología, con legisladores cuya conducta provoca indignación y con poderes del Estado y organismos de contralor que tienen que estar mendigando para cumplir su función: ¿se le puede decir a un hijo que ha obtenido con esfuerzo un título universitario, y que no anhela ser emplea-do público, que no baje los brazos y se embarque en un emprendimiento hoy en el Uruguay?

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