El sábado último nos enteramos, a través de El País, que el derrame de combustible registrado en el Río Uruguay, a la altura de Paysandú, en octubre del año pasado, fue tres veces mayor al declarado en su momento.

El sábado último nos enteramos, a través de El País, que el derrame de combustible registrado en el Río Uruguay, a la altura de Paysandú, en octubre del año pasado, fue tres veces mayor al declarado en su momento.

Un informe redactado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) echó luz sobre un caso que desde que se produjo estuvo signado por el silencio y el ocultamiento, por parte de Ancap. A tal punto llegó la irresponsabilidad, que el desastre saltó a la opinión pública cuando los sanduceros comenzaron a percibir que el agua que salía de las canillas de sus hogares tenía olor a gasoil.

Como se recordará, el derrame se registró cuando dos barcazas de Ancap cargaban combustible en una planta de distribución. A tres kilómetros del lugar se encuentra una toma de OSE que absorbió y distribuyó -sin saberlo- el agua contaminada. En un principio se habló de un derrame de 100 mil litros de gasoil; ahora sabemos que fue de 265 mil litros. Cifra que en términos de la propia Dinama constituye un desastre de “gran magnitud”.

Las irregularidades, la falta de seriedad y las negligencias por parte de los técnicos y autoridades en este episodio, son escandalosas. Al extremo que habiendo transcurrido diez meses del siniestro, no se puede cuantificar el daño y su impacto ambiental. Tampoco brilló por su eficiencia OSE, que se enteró oficialmente 24 hs. más tarde, pese a que las denuncias de los habitantes de Paysandú saturaron sus teléfonos. Ni la Intendencia departamental tuvo oficialmente noticia de lo sucedido hasta, el día siguiente del evento.

Son muchas las preguntas que el hecho en sí genera, pero aún más son las interrogantes sobre cómo se manejó y comunicó el tema. ¿Por qué ocultó Ancap lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no informó a OSE del riesgo que implicaba el derrame para los habitantes de Paysandú? ¿Por qué mintió a la hora de dar las cifras del combustible derramado? ¿Por qué, durante meses, Ancap le negó a la Dinama la información? ¿Qué medidas adoptó la empresa estatal para que un hecho similar no se repita? ¿Siguen al frente de la planta de distribución, los mismos jerarcas que estaban en octubre? ¿Si es así, fueron sancionados por su negligencia e ineptitud? ¿El proceder de los implicados no debería ser analizado por la Justicia?

Ancap viene siendo noticia en el último año por razones conocidas. A los US$ 800 millones que nos costó a todos los uruguayos la última administración, debemos sumarle un plantel de técnicos y jerarcas que en situaciones de crisis no dan la cara, mienten y ponen en riesgo la salud de miles de personas. Su incapacidad lleva a provocar perjuicios ambientales cuya real dimensión nunca sabremos porque ocultaron, durante meses, información, ya no solo a la opinión pública sino a la Dinama, el organismo responsable de controlar y hacer cumplir las normas medioambientales.

Es evidente que la mentira y el engaño parecen ser el “leitmotiv” en Ancap. No fue suficiente la experiencia de haber fundido la principal empresa estatal del país, sino que miente en temas que hacen a la salud de las personas. Y no vale como argumento, decir que se trata de una campaña de desprestigio de la oposición. Hablamos de 265 mil litros de gasoil derramados en el Río Uruguay. Varios de esos miles se distribuyeron por las cañerías de agua potable de Paysandú.