Hace treinta años que gobiernan en Montevideo y aspiran a hacerlo por cinco años más. A lo largo de estas tres décadas usaron a la capital como la plataforma política para alcanzar el gobierno nacional primero y para mantenerse en él por quince años, después.

En eso sí fueron eficientes; alcanzaron su objetivo. No les importó que en el camino quedaran sin cumplir las funciones más elementales de una administración municipal. El ABC de cualquier gobierno departamental (alumbrado, barrido, calles) fue para ellos un lujo burgués.

Embriagados de poder castigaron a los montevideanos con aumentos siderales de impuestos y la creación de nuevos tributos. No les interesó que en ese ajuste a mansalva se castigara a la clase media cuyo pecado era tener una casa, un apartamento o un local en los barrios de la costa o linderos a ella, allí donde, en sus propias palabras, habita la oligarquía.

Expertos en separar y clasificar a la gente, ni bien llegaron al poder, dividieron en tres a la ciudad para aumentar los impuestos. Para sus ojos y manos rapaces, los vecinos pasamos a ser de la: zona 1, de la zona 2, de la zona 3. La división por municipios se sumaría tiempo después.

No les importó ni les interesó cómo sus propietarios habían adquirido la vivienda, si a través de un crédito bancario pagadero durante veinticinco años o por herencia. El lema fue siempre recaudar y espoliar a los contribuyentes para luego malgastar y dilapidar esos recursos en más burocracia y en una gigantesca red de clientelismo político.

¿Alguno de los seis intendentes del Frente Amplio se habrá preguntado alguna vez el esfuerzo que hace la mayoría de los propietarios para pagar en fecha la contribución inmobiliaria o la patente de rodados?

(…) “El centro para el Frente Amplio son los montevideanas y montevideanos”, comienza diciendo el párrafo cuarto del programa de gobierno departamental del FA. Añade: “y este tiempo nos impone el desafío de enfrentar desde la IM los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes…”

En el supuesto caso que uno de los tres candidatos del FA ganara las elecciones de setiembre, esto significará que ¿se van a oponer a las políticas de impulso y aliento para reactivar la economía? ¿Van a boicotear las medidas para evitar que el desempleo siga aumentando, que la administración de Tabaré Vázquez legara una tasa de desocupación del 10,5 por ciento? ¿Van a impedir las medidas de fomento y apoyo a las Pymes? ¿Darán batalla para que no se transparente el gasto del Mides y se termine la fiesta de las ONGs compañeras? ¿Arremeterán contra la tarea del Ministerio del Interior para combatir el delito y el narcotráfico? ¿Estará en sus planes oponerse a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Pondrán piedras en el camino a la hora de erradicar los asentamientos que se duplicaron, en la capital en las tres décadas de gobiernos frenteamplistas?

Sería bueno que Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar se pronunciaran al respecto. Los tres firmaron el programa del FA, los tres juntos lo presentaron a la opinión pública. No solo el gobierno nacional de coalición merece una respuesta, sino los montevideanos todos.