El proyecto de ley de urgente consideración ingresó este jueves al Parlamento y simultáneamente se alzaron las voces de la oposición. No se podía esperar otra cosa y es lógico que así sea, forma parte de la discusión política. 

Sí sorprende la ligereza y la liviandad de esas críticas. También la ignorancia y la desmemoria de quienes la fustigan.

El abanderado ha sido el senador comunista Óscar Andrade, que salió a la palestra manifestando que es “altamente probable que iniciemos una recolección de firmas para un referéndum”. A Andrade le siguió el diputado del MPP Charles Carrera que, en radio Universal, sostuvo que se trata de un uso abusivo de las normas constitucionales. “La calidad de la democracia y poderes está en juego”, comentó y agregó que “hay un avasallamiento de la mayoría sobre la minoría. Estamos muy preocupados, es inconstitucional”…

Cuánta cháchara y qué poca memoria. Las afirmaciones del diputado Carrera sorprenden. En su currículum se indica que es abogado. No debería entonces desconocer que el envío de leyes de urgente consideración es una potestad privativa del Poder Ejecutivo. Que la urgencia es la modalidad del tratamiento y no su contenido y que no hay límites para el número de artículos. Que si el Parlamento no sanciona el proyecto del Ejecutivo en los plazos establecidos en la Constitución (45 días Senado y 30 Diputados) queda automáticamente aprobada. Y sostener que afecta la calidad de la democracia, es un dislate de antología.

Además, suena a sarcasmo decir que la coalición de gobierno quiere avasallar los derechos de la minoría opositora, cuando el borrador de la norma se dio a conocer en enero pasado y el anteproyecto se les envío a todos los legisladores hace dos semanas. Solo alcanza con recordar que el Frente Amplio, amparado en su mayoría parlamentaria, hizo y deshizo a su antojo en el Poder Legislativo y en todos los ámbitos del Poder Ejecutivo, durante quince años consecutivos.

Fruto de esa mayoría y de la ignorancia de muchos de sus legisladores, fue que durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) la Suprema Corte de Justicia batiera el récord de declaraciones de inconstitucionalidad de la historia democrática del Uruguay. El máximo tribunal hizo caer por inconstitucionales ocho leyes muy importantes, entre ellas, la que creó el Fideicomiso de Pluna. Esto habla muy bien del Poder Judicial y muy mal de los parlamentarios frenteamplistas que levantaron su mano para sancionarlas.

Todos sabemos que la LUC es la ley que el presidente Luis Lacalle Pou pregonó durante toda la campaña electoral de octubre y luego en el balotaje de noviembre, ya con el apoyo de los otros cuatro partidos que hoy son gobierno. Tiene la legitimidad de las urnas y ahora será refrendada por los legisladores de la coalición multicolor.

Son expertos en juntar firmas y paralizar al país por referendos y en hacer leyes a la medida de sus intereses políticos y personales. Maestros a la hora de ser solidarios con los recursos de otros y mandados a hacer si se trata de gravar con nuevos impuestos a la clase media. El senador Andrade y el diputado Carrera podrían aprovechar el debate sobre la LUC para realizar aportes y mejoras, si es que en verdad les importan los trabajadores y los sectores productivos de este país.