Una información publicada por El País el domingo último, nos debe llamar a la reflexión.

Una información publicada por El País el domingo último, nos debe llamar a la reflexión.

Casi la mitad de las personas que concurren hoy a los comedores y merenderos estatales eran usuarios del plan Panes, el programa de ayuda alimentaria instrumentado por el primer gobierno del Frente Amplio cuando asumió en 2005.

La información surge de una investigación realizada por el BPS sobre la población que hace uso del Sistema Nacional de Comedores y del Programa Alimentario Nacional. El estudio reveló que el 42 por ciento de los beneficiarios de estos planes fueron asistidos por el Panes, que funcionó entre 2005 y 2007 como forma de contrarrestar los efectos más dramáticos de la crisis de 2002.

Es sabido que el período que comenzó en 2004 y se prolongó hasta 2014, fue la década de mayor crecimiento económico que haya vivido el Uruguay en su historia. Al Panes le siguió la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la puesta en marcha de un sinnúmero de programas asistenciales que apuntaban, al menos en su enunciado, a ayudar a aquellos ciudadanos en situación crítica.

¿Por qué entonces no se ha logrado rescatar de la extrema pobreza a esos compatriotas?

Hace un tiempo, entrevisté al padre Mateo Méndez, el sacerdote salesiano fundador del Movimiento Tacurú que, con más de treinta años de trabajo incesante por la dignidad de los jóvenes y las familias socialmente más vulnerables, sigue con su labor, ahora en la parroquia San Isidro de Las Piedras.

Cuando le pregunté sobre si no era momento de replantearse la asistencia que desde el Estado se brinda a través de los planes sociales, el padre Mateo me respondió que hay un tiempo para la asistencia. “Es un tiempo necesario para que el individuo pueda reconstruirse. Después de esa etapa se debe pasar a una propuesta de responsabilidad desde el propio individuo, que tiene que asumir, como cualquier otro ciudadano, un trabajo”. Y agregó: “la asistencia bienvenida sea; ahora cuando se institucionaliza y genera dependencia, se enferman las partes: quien ofrece la asistencia y quien es asistido”.

¿No será este el momento de analizar y replantearse por qué la asistencia social que el Estado brinda resulta ineficiente?

No cabe preguntarse, ¿por qué las voluminosas sumas de dinero que el gobierno destina a los programas sociales no llegan a sus desti-natarios o al menos no han dado los resultados esperados?

¿Es tan grande la burocracia que se ha montado alrededor de estos programas? ¿Qué se ha hecho para que quienes indudablemente necesitaron durante un buen tiempo la ayuda estatal, se hayan insertado en la sociedad a través del trabajo? ¿Qué se está exigiendo a cambio a quienes siguen siendo asistidos? ¿Sus hijos concurren a la escuela? ¿Concurren o son llevados a los controles médicos? Si en una larga década de crecimiento económico no se ha logrado terminar con la pobreza crítica: ¿qué debemos esperar de un período en el que se ha echado mano a un ajuste fiscal?

Cabe preguntarse si se trata de errores de gestión y de incapacidad o si por el contrario, hay planificación y se busca tener a mucha gente dependiente del gobierno.