Diego Fischer
Diego Fischer

¿Otro ajuste de cuentas?

En los últimos días, muchos montevideanos hemos tenido problemas al intentar sacar plata de los cajeros automáticos.

"No es posible realizar extracciones", fue el mensaje que las máquinas mostraban en sus pantallas cuando uno intentaba hacerse de efectivo. Sucedió en varios barrios, por no decir en todos, de la capital y a cualquier hora del día. La situación se volvió a reiterar el viernes último en Punta Carretas y Pocitos y se prolongó a lo largo del último fin de semana. No hay que ser demasiado inteligente para saber cuál es la razón que genera esta situación. A la fecha, suman 13 los cajeros que fueron volados y robados en los últimos tres meses.

No obstante, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, descartó que la falta de efectivo en los cajeros tenga relación con las medidas adoptadas para evitar los robos. "No asigno responsabilidad en que haya menos dinero a la implantación de mecanismos antirrobos", sostuvo y añadió en tal sentido que "los bancos tienen que tomar nota y ser más eficientes". "No le hace bien a nadie que la gente vaya a un cajero y no tenga plata para retirar", sentenció.

Es cierto, a nadie le hace, aunque peor nos resulta a los ciudadanos de a pie. Es sabido que a raíz de la ley de inclusión financiera, hoy casi todo se debe realizar a través de los bancos. Sueldos, honorarios, jubilaciones, rentas por más pequeñas que sean deben pasar por una cuenta corriente o una caja de ahorro. Y desde el próximo 1º de abril el espectro de opera- ciones será muchísimo más amplio.

A esta altura, pocos pueden desconocer que la ley de inclusión financiera es un instrumento clave para tener bajo la lupa a todos los ciudadanos. Sabemos que llegado, el caso, esos mismos bancos están obligados a proporcionar a la Dirección General Impositiva (DGI) la información que disponen sobre todos sus clientes. Es el gran hermano a través del cual el Estado ejerce su rapacidad para financiar su ineficiencia.

En la actualidad, prácticamente la única forma de hacerse de efectivo es a través de un cajero automático. El ejemplo más elocuente lo brinda el propio Banco República, que, en Montevideo, y en la mayoría de sus agencias, carece de cajas para atender al público. Ni hablar de las localidades del interior donde han cerrado sucursales atribuyendo la decisión a una reestructura de la institución.

Los bancos, privados y estatales, que tanto invocan al BCU a la hora de otorgar un crédito o de sancionar a un deudor al más mínimo atra-so, y que han ganado dece-nas y decenas de miles de clientes por la ley de inclusión financiera, son incapaces o negligentes para prestar un servicio básico y fundamental como es el de los cajeros automáticos.

Las afirmaciones de Bergara tienen también otra interpretación. Si el BCU es tan estricto en hacer cumplir su normativa con respecto a los clientes, también tiene la potestad para exigir a todos los bancos que brinden un correcto servicio y no tengan a la población de rehén.

Las entidades financieras podrán invocar razones de seguridad. Pero no es la población la que debe pagar las consecuencias de la ola delictiva que sacude a la sociedad uruguaya. Eso es responsabilidad del Ministerio del Interior. ¿O será este otro ajuste de cuentas?

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