La situación fiscal venía en deterioro desde 2014, ya era delicada cuando asumió el actual gobierno y empeora ineludiblemente con una pandemia que se ha extendido más de lo esperado, lo que obliga a pensar en un arreglo que no es fácil.

Para analizar a fondo la cuestión, considero clave complementar mis impresiones con la visión de cada uno de los legisladores, quienes serán los responsables de muchas de las decisiones a tomar. Y así lo hicimos desde CERES.

De cada $ 100 que gasta el gobierno tiene que pedir prestados 20. Lo que no sabemos es si esto se podrá mantener en el tiempo. Uruguay tiene una deuda alta que se podrá pagar sin problemas si la economía retoma un ciclo de crecimiento y se frena el gasto jubilatorio.

UPM2 y obras asociadas aseguran crecimiento en el corto plazo, pero se necesitan inversiones que tomen la posta dentro de un par de años. En esa línea van las exoneraciones fiscales aprobadas por el gobierno; aunque también se podría analizar mayores beneficios para empresas que no logran ampararse al régimen de promoción y/o con una reducción directa de la tasa del IRAE. En este sentido, la gran mayoría de los legisladores del oficialismo (75%) cree adecuado bajar el IRAE, ya sea de forma selectiva o generalizada; lo que contrasta con la posición de los legisladores de la oposición, entre los cuales 53% considera que hay que subirlo.

No creo en la alternativa de subir impuestos. Queda camino por recorrer para bajar gasto no asociado a la pandemia sin afectar la calidad de los servicios prestados. Antes de subir la carga impositiva, que ya es alta, los ciudadanos se merecen ver funcionar la Agencia de Evaluación y Monitoreo, que fue aprobada en la LUC con el fin de corregir en tiempo real las ineficacias en la ejecución del gasto público.

Solo 10% de los miembros del parlamento cree que se debería aumentar la carga tributaria para paliar el déficit. Sin embargo, hay que tener presente que, si no hubiera más remedio, 45% de los miembros del Parlamento estaría a favor de aumentar el impuesto al patrimonio, 15% de subir el IRPF sobre los ingresos más elevados y 9% de subir el IVA. Entre los legisladores de la oposición la gran mayoría (75%) iría por aumentar el impuesto al patrimonio.

Para mantener el acceso al crédito con grado inversor se debe frenar el gasto asociado a la seguridad social que crece sin pausa, supera el 13% del PBI y apenas la mitad se cubre con el aporte de trabajadores y empresas.

Este año será enviado al parlamento el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social. Por el lado fiscal, habrá que reducir los pagos futuros del BPS, no de aumentarlos. Para ello se debe subir la edad jubilatoria y permitir retiros parciales, así como fortalecer el ahorro individual, no debilitarlo.

Basta con conocer la opinión de los legisladores para tener conciencia de que la reforma se tiene que aprobar con la actual conformación parlamentaria. 45% de los legisladores de la oposición está convencido de que se deberían eliminar las AFAP y otro 45% cree que el BPS debe administrar las cuentas de ahorro de las personas en las AFAP.

La salud fiscal depende de la reforma de la seguridad social y de recuperar el crecimiento de la producción. Para lo primero hay apoyo parlamentario. Para lo segundo hay que generar condiciones para que se concreten nuevas inversiones. En esas dos canchas se juega el partido.