El vocero presidencial hablo de “verdad irrefutable”. Se trataría de algo que no se puede discutir, que es así y ya está.

Es legítimo que cada uno tenga sus propias verdades. Está bien que procuren, con sus argumentos, convencer a otros. Es la libertad, el derecho a la discusión pública. Lo serio y grave es cuando ese dueño de la verdad pretende imponérsela a otros. Y peor aún es cuando lo que se pretende es imponérsela a todos. Eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios: imponer su verdad. Sin discusiones.

El vocero se refirió a una “verdad irrefutable” que se publicitó desde el gobierno utilizando espacios en medios de información expresamente destinados a otros fines. Y esto está dispuesto por ley, incluso una ley muy cuestionable por esa y otras razones, pero a la que hay que respetar, como lo explicó muy bien la dirigente del Partido Independiente, Mónica Bottero.

El vocero dijo que el gobierno tiene derecho a informar. Pero decididamente hizo todo lo contrario: desinformó. Fue un claro caso de desinformación, y de propaganda. Es un mensaje en el que con el respaldo de la Presidencia de la República, se consignan una serie de hechos, que deberían relacionarse con otros de manera que el destinatario tenga una información acabada. Y no se hizo así.

Los miembros de un gobierno son dueños de batirse el parche a su gusto y gana, pero sometidos al escrutinio y la crítica pública y sin privilegios respecto al resto de la ciudadanía. En igualdad de condiciones. Nada de utilizar espacios gratis y muchos menos gastar dinero de todos para pagar la propaganda que el gobierno y el partido de gobierno hacen para imponer sus “verdades irrefutables” (porque además tienen varias).

El de la publicidad oficial es además un tema muy delicado en el que hay que ser muy cuidadosos y frente al cual los ciudadanos debemos estar muy atentos. Mal usada atenta contra nuestra libertad de expresión, contra el sistema democrático y además es corrupción.

Comencemos por esto último, se trata de corrupción porque se utilizan dineros públicos en beneficio de interese particulares. Y no es que si te lo ponés o no te lo ponés en el bolsillo, si lo timbeás o lo guardás “off shore”, sino que se trata de usar el dinero de todos pa- ra ocupar un cargo de go- bierno.

Tomemos un caso hipotético: una persona es designada presidente de un organismo comercial estatal. Desde el cargo contrata publicidad para promocionar “verdades irrefutables” sobre la gestión de la institución -su gestión- y hace propaganda a favor de la imagen del organismo, su imagen. El hipotético personaje con buena prensa -las pautas publicitarias siempre ayudan un poco para conseguir más espacio en la parte informativa, si no que lo diga Juan Sartori- gana las internas y el derecho a ser candidato a la vicepresidencia, por ejemplo. Y entonces gracias a nuestros dinerillos consigue un empleo con un salario que con beneficios y todos suma, y creo que me quedo corto, un millón de dólares en los cinco años. A eso hay que sumar gastos de locomoción, autos y nafta, incluso para custodia, secretarios/as dos o tres, algún asesor, choferes, personal de servicio, café gratis, más invitaciones para viajes en primera o ejecutiva, up grade, almuerzos, algunos viáticos llegado el caso, en fin, una serie de beneficios que vienen con el empleo, además de que te hagan la venia los soldados y un despacho en flor de edificio, ubicado en el Centro y con espacio reservado para sus (nuestros) autos.

Cuánto le saldría a un empresario privado mantener una estructura de ese tipo, otro millón de dólares, por lo menos, y creo que me quedo más corto. Y lo mismo pasa con el empleo de presidente y con el de ministro y etc., etc. Y no pienso que esté mal, deben estar bien pagos, lo que está mal es que lleguen allí abusando de poder y utilizando mi plata. Y no me importa si se lo metieron en el bolsillo y donde quieran, son dos o tres millones de dólares conseguidos de forma engañosa, irregular, con trampas. Es ilegítimo, es ilegal, es corrupción. Y ni hablar de las otras fuentes de ingresos, de negocios y oportunidades de trabajo extras para la familia, socios y amigos que generan ese tipo de empleos.

Respecto a la libertad de prensa, es un hecho que los malos gobiernos utilizan la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios de prensa. Es una forma de censura y de presión para la autocensura. De las más efectivas y además disimulada. Y si así afecta tan directamente la libertad de expresión y el derecho del ciudadano a saber todo lo que pasa -no solo las “verdad irrefutable”- de hecho afecta la democracia, la libre discusión de las ideas, la vigilancia y control de los gobernantes y las propias elecciones. Para hablar de elecciones libres no puede haber limitaciones, ni favorecidos y menos abusar del poder o usar dinero de los contribuyentes para la campaña y la propaganda electoral.

Y como estamos en lucha electoral y la tentación a publicitar las “verdades irrefutables” es grande, convendría recordar lo que decía el gran jurista Justino Jiménez de Aréchaga, sobre formas de fraude electoral para poner cuidado y no ensuciar la cancha.

Él explicaba que hay tres formas de fraude electoral: antes, durante y después. El después es al contar los votos; como decía un ministro de Somoza: “Ustedes voten como quieran, al final los votos los cuento yo”. El durante es todo ese tipo de trampas que ensucian y complican las votaciones, incluso hacer votar a los muertos y hasta cementerios enteros, usar vehículos oficiales y otras yerbas. Y el fraude es “antes” cuando al elector se le restringe la información que necesita para elegir, saber quiénes son, qué dicen, qué van a hacer, qué han hecho. Y también es fraude cuando con la plata de todos se discrimina favoreciendo a unos sí y otros no y se pretende manipular la información. Esto es, hay fraude cuando no hay liberad de prensa.

Es bueno tener presente lo que decía Jiménez de Aréchaga, así podemos hablar de elecciones limpias, limpias.