La ministra de Defensa contrató dos personas, en forma directa, para revisar millones de páginas de archivos de espionaje militar que afectan a miles de uruguayos. Dijo que se trata de dos personas que son de su confianza: un ex tupamaro y una mujer que estuvo presa en un centro clandestino de Argentina. La ministra se estuvo negando firmemente a abrir los archivos a otros interesados. Ahora se anuncia que en una segunda etapa, el gobierno atenderá un planteo del Partido Nacional y formará una comisión integrada por todos los partidos con representación parlamentaria. Aunque se atienda finalmente el planteo citado, ello no quiere decir que se haya actuado bien. La apertura ya llegó a la mitad de la documentación. Siempre limitada sólo a las personas de "confianza". Esto es un escándalo.