Danilo Arbilla
Danilo Arbilla

¡Ah, los funcionarios!

El anuncio con grandes titulares de las “renuncias masivas” en la Salud Pública me hizo recordar un caso que se comentaba en mi pueblo de un señor que sorprendió a su mujer con otro en su casa y ella se justifico diciéndole “lo que pasa es que me tiró la puerta abajo y tuve que abrirle”.

Casi el cien por ciento de los renunciantes ocupaban cargos políticos o de particular confianza; de hecho ya habían cesado y permanecían en la función dentro del margen previsto para el recambio. Los renunciantes, por razones éticas o de elegancia, deberían haber puestos sus cargos a disposición del nuevo gobierno el 1º de marzo. Es lo que se hacía antes. Se demoraron un poco y si lo hubieran hecho después de declarada la “peste” hubiera quedado muy feo. Feísimo, pero quizás no tan- to como que lo hayan hecho ahora, por “solidaridad compañera” y por razones político partidarias (hubo consultas previas).

El presidente, impecable, se limitó a apuntar que no le parecieron oportunas, y no desde lo político sino “en función del Estado”.

El titular de ASSE no anduvo con gre-gre, dijo que era una decisión político partidaria y que los renunciantes eran afiliados al Frente Amplio.

Y he aquí el gran tema: el de los funcionarios que están al servicio del FA y no del Estado. Ya van varios casos. Mujica lo anticipó hace mucho años (Búsqueda) sobre las dificultades que iban a tener los partidos tradicionales si reasumían el gobierno: los frentistas -dijo- han copado lugares claves en la burocracia estatal y no tienen conciencia de Estado, primero son militantes.

Lo mismo pero al revés ocurrió en RREE. El 18 de abril se informó que el Canciller cesó personal político y que habrá de designar funcionarios “de carrera”, en su lugar. Que es el “criterio que habrá de aplicar la Cancillería” decía la información entre otros “adornos” y alguna “referencia” quizás innecesaria. En definitiva eran funcionarios cuyo cese ya estaba dispuesto por el artículo 15 de la ley No. 19841. Y nada más.

Lo que llama la atención es que el Presidente con la firma de Talvi, el día 17 de abril envió un proyecto de ley para suspender transitoriamente, para el servicio exterior, lo dispuesto por el referido art. 15, por la “problemática” que se plantea tanto para retornar al país a los cesados como para enviar a sus sustitutos.

¿Y esto? ¿Será que no obstante el proyecto la Cancillería igual resolvió cesarlos generando nuevos “varados” y así no quedarse sin hacer nada?

Ese mismo día 17 el presidente con la firma de Talvi envió el pedido de venia para designar embajador al exintendente de Florida, Carlos Enciso. Que no es de carrera precisamente; de confianza sí, supongo. Del presidente.

Y después está lo de Inisa y las partidas extras para que los funcionarios no se hagan “certificar” y concurran a trabajar. Inaudito. Y con acuerdo del sindicato que además quería que fuera extensivo. Eran cerca de 400 mil dólares.

¿En qué quedo todo eso? Y alguna pregunta más: ¿a los que estaban dispuestos a “sanar” e iban a trabajar, además de la partida extra le pagaban alguna compensación por “presentismo”? Es una idea.

Otra: ¿qué ha pasado con los médicos que “certificaban”?

Esas cosas son las que le dan bronca a la gente y por eso le alegra que le bajen el sueldo a los funcionarios.

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