Medicamentos de alto costo y el apocalipsis del presupuesto nacional: ¿Mito o realidad? 

En una investigación desarrollada por el Grupo de Investigación de Medicamentos de Alto Costo de la Facultad de Derecho, UdelaR, se concluyó que el valor de los “medicamentos de alto costo” está lejos de desestabilizar al sistema presupuestario.

La polémica se ha mostrado a la orden del día en jerarcas de todos los tipos y colores de gobierno, con un discurso repetitivo respecto a la desestabilización presupuestaria nacional. Si bien realizar una proyección del gasto a largo plazo constituye una quimera en virtud de la diversidad de factores (dosis por pacientes; patologías abarcadas y las no abarcadas; la esperanza de vida del afectado), ) -así como la existencia de información científica estadística minuciosa- la tendencia al aumento en la solicitud de estas prestaciones se vislumbra como inequívoca, en especial en los procesos llevados por Tribunales (siendo la querella judicial el último recurso para acceder a los medicamentos).

En efecto, se trabajó sobre este incremento: la casuística e indicadores judisprudenciales han arrojado un radical crecimiento de demandas para obtener medicamentos en el lapso 2016-2019; así como en aquellas sentencias que conceden la pretensión. Es decir: mayor número de personas lo solicitan por vía judicial, y en consecuencia, más jueces los conceden. Lo dicho, apareja naturalmente, un incremento en el gasto .

Hacia este aspecto se dirigió la investigación: tomando como punto de partida aquel dinero destinado por condenas judiciales al MSP (se excluye al Fondo Nacional de Recursos por tratarse de un ente cuya financiación no es estrictamente estatal), se contrastó con el gasto total ejecutado por el Estado; con el gasto total ejecutado por el MSP y con el PBI del Estado Uruguayo. Asimismo, se comparó el gasto en Salud (lo cual incluye a las sentencias por MAC) respecto al gasto total.

Sin ánimo de asediar al lector con gráficas y cuadros (los cuales pueden consultarse), el resultado general indicó que los fondos destinados por parte del Estado a cubrir las condenas por MAC representan ínfima parte del gasto.

Cabe considerar, dentro de estos indicadores, que no se debe caer en un escenario donde estos números cubren el total de las posibilidades y demuestran una tendencia certera hacia el futuro. Entre los datos disponibles, y según la realidad en el período determinado, el escenario apocalíptico, resulta no ser tal.

Apartándome en este momento de la pluma colectiva que revistió esta investigación, y ateniéndome a una reflexión personal, me resulta determinante realizarme algunas preguntas:

¿Cuántos otros gastos menos nobles y más fastuosos son ejecutados sin alarma de la opinión pública? ¿Es justo que una persona en situación de adversidad deba recurrir a la justicia para obtener un recurso vital? ¿De qué manera se podrían ajustar los procesos administrativos para permitir mayor celeridad?

Esto texto desea convertirse en un llamado a la meditación colectiva -y por qué no, individual- de una cuestión trascendente, delicada y fértil para la discusión. Que este proceso se ejecute pensando en nuestros orígenes, recordando y sin renegar que “los más infelices (deban ser) los más privilegiados”.