Un gobierno puede no ser democrático pero ser popular, si avasalla el pluralismo pero conserva el apoyo de las mayorías; y puede no ser popular pero ser democrático, sino no tiene apoyo mayoritario pero respeta el pluralismo y la institucionalidad del Estado de Derecho.

El poder que preside Maduro no es democrático ni popular, por eso los sucesos del fin de semana hicieron que la sombra de una intervención militar sobrevolara Venezuela.

En el “Día D” de esta crisis, las líneas defensivas lograron contener el “desembarco en Normandía”. Si los camiones con ayuda hubiesen ingresado el sábado, Juan Guaidó habría puesto en jaque al régimen y seguiría jugando, con mayor ventaja, en el tablero político. Pero la represión de Maduro logró que los camiones con alimentos y medicamentos no atravesaran la frontera, por lo tanto su régimen no salió debilitado de la encrucijada.

Lo que se debilitó fue la vía política para la solución del desastre venezolano.

Recién en la tarde del lunes, al promediar la reunión del Grupo de Lima con Mike Pence en Bogotá, el riesgo de una guerra empezó a atenuarse. El propio Guaidó había dejado abierta esa posibilidad. Para el líder del contrapoder que se ha lanzado a derribar la dictadura, que los convoyes no hayan podido atravesar las fronteras supuso un duro traspié, porque él había asegurado que ocurriría lo contrario.

El error de Guaidó fue poner muy alta la vara. Y como lo finalmente ocurrido estuvo por debajo de la expectativa que él mismo había generado, quedó lejos de poder cantar victoria. Por eso creció durante la jornada del domingo la opción militar. Quienes la defienden en Washington parecen convencidos de que una acción armada sería tan breve e indolora como la invasión a Grenada que lanzó Ronald Reagan en 1983.

Otros, más moderados con el optimismo, parecen confiar en una operación como la que ejecutó Bush padre en Panamá para capturar al general Noriega. Pero una visión más realista sabe que una intervención externa como la que merodea las reuniones en Washington y Bogotá podría detonar el conflicto más grave vivido en Sudamérica desde el siglo 19.

Ni siquiera la Guerra del Chaco, librada entre Bolivia y Paraguay en la década del 30 con casi cien mil muertos, sería comparable a lo que podría causar una intervención de potencias extranjeras en Venezuela.
Para visualizar sus riesgos, habría que pensar en la Guerra de Triple Alianza, el conflicto decimonónico en el que tres países sudamericanos devastaron al Paraguay, diezmando a su población y amputando su capacidad de desarrollo por más de un siglo.

La diferencia estaría en que la mayoría de los venezolanos posiblemente no combatirían a la nueva triple alianza (Estados Unidos, Colombia y Brasil), como ocurrió en el país sudamericano, donde las fuerzas atacantes terminaron luchando contra niños paraguayos cuando entraron en la devastada Asunción.

Pero que a Maduro sólo lo defiende la casta militar imperante no evitaría el peor de los riesgos que implica la vía militar: la posible “iraquización” de Venezuela. O sea, que el país caribeño termine, como Irak tras la caída de Saddam Hussein, convertido en un agujero negro que incuba milicias y fanatismos de la peor calaña.

Ni Trump ni Bolsonaro parecen cabalmente consientes del inmenso peligro que una acción bélica implica para toda la región. Pero si parece percibirlo el presidente colombiano Iván Duque y otros mandatarios, como el peruano Martín Vizcarra. Por eso, la reunión de ayer en Bogotá terminó optando por acrecentar la presión con sanciones y medidas de aislamiento.

Los efectos serán más lentos, pero parece el camino más sensato para lidiar con un régimen que nunca fue democrático y que también, hace mucho tiempo, dejó de ser popular.