Una crítica de Cristina Kirchner a Ecuador expone su propia faltante respecto a Venezuela.

Cuestionando que la candidatura de Andrés Arauz Galarza hasta ese momento no hubiese sido aceptada por la justicia electoral, la vicepresidenta argentina dijo que en Ecuador no hay democracia porque existen proscripciones.

Usó el término “proscripto” para explicar la situación en que se encontraba el candidato “correísta”.

Finalmente, las denuncias contra la fórmula encabezada por ese joven y brillante economista ecuatoriano, fueron desestimadas y su postulación quedó firme. Pero si su candidatura, apoyada por Rafael Correa, hubiera sido invalidada, la denuncia de Cristina Kirchner habría conservado validez. Ahora bien, por la misma razón, la vicepresidenta debiera considerar los comicios legislativos del domingo en Venezuela una farsa electoral, ya que el régimen ha proscripto a las principales figuras de la oposición, interviniendo sus respectivos partidos.

Sobre las proscripciones en Venezuela, Cristina no dice nada y obligó al presidente Alberto Fernández a un silencio bochornoso: ni felicita a Maduro por el “triunfo” que dice haber obtenido, ni acompaña a la mayoría de los venezolanos y a las decenas de Estados y organizaciones internacionales que no reconocen legitimidad alguna a los comicios.

Además de la visible falta de garantías mínimas para un comicio limpio y un escrutinio creíble, el poder había ejecutado la intervención de los partidos Voluntad Popular, de Juan Guaidó y Leopoldo López; Primero Justicia, de Henrique Capriles y Acción Democrática, de Ramos Allup, además de otras fuerzas políticas cuyas direcciones partidarias también fueron impuestas por el poder interviniente.

Las principales figuras de la disidencia política no pueden ser candidatos ¿por qué entonces la líder del kirchnerismo considera válidas las elecciones en Venezuela? Si reconoce que las proscripciones son incompatibles con la democracia ¿por qué no denuncia la situación impuesta por el régimen residual chavista?

Sus palabras acertadas respecto a la injusticia que hasta ese momento se cometía en Ecuador, resaltan su silencio vacío frente al caso venezolano y agrava el silencio obligado que opaca la imagen de Alberto Fernández.

Represión con más de cien muertos, informes y denuncias de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y una diáspora de dimensiones bíblicas sólo justifican presiones para que el régimen devuelva el Estado de Derecho a los venezolanos. Persistir en la complicidad con semejante situación sólo tiene tres posibles explicaciones: La comunión ideológica con la construcción de un sistema sin pluralismo; lealtad por agradecimiento a favores económicos cruciales recibidos de Hugo Chávez o posibilidad de ser extorsionados por Maduro en virtud de los oscuros negociados que facilitaba el régimen y las financiaciones ilegales que fueron vaciando las arcas de PDVSA.

El silencio de Alberto Fernández no parece responder a ninguna de esas razones, sino a la debilidad política que lo deja a merced de su poderosa vicepresidenta.

El régimen venezolano aún tiene poder de presión sobre gobiernos y liderazgos extranjeros. Un poder que no tuvo para imponer a los venezolanos que acudan a las urnas.

Como los proscriptos líderes de la disidencia habían convocado a la abstención, el régimen necesitaba que la participación sea masiva. Usó toda la estructura y recursos del Estado para que los venezolanos acudan a votar. Diosdado Cabello los amenazó públicamente: “el que no vota no come”. Una amenaza creíble porque el poder que maneja puede cumplirla al tener el monopolio de la distribución de alimentos.

Aún así, no logró la participación electoral que necesitaba para vencer al abstencionismo reclamado por la disidencia. Según la dirigencia disidente, sólo el 20% del padrón sufragó, mientras que, según el régimen, lo hizo el 31%. O sea que, incluso siendo cierta la cifra oficial, al menos el 70% de los empadronados se abstuvo de votar.

Otra resonante derrota sobre la que los cómplices extranjeros del régimen guardarán silencio.