El hombre que le allanó el camino a la presidencia, puede ser también quien determine su caída.

Sergio Moro le abrió a Jair Bolsonaro la puerta del Palacio del Planalto. Si el entonces juez de Curitiba no hubiera sacado a Lula da Silva de la carrera electoral, el dirigente ultraderechista no habría ganado la elección. Así lo mostraban las encuestas realizadas hasta que el líder del PT fue encarcelado.

Ese joven magistrado fue quien hizo de una causa poco clara sobre un departamento en Guarujá, el caso que sacó al expresidente de la contienda electoral.

El error de Moro fue aceptar el superministerio que Bolsonaro le ofreció antes de asumir el cargo. Quedarse con una apetecible porción de poder se pareció a cobrar por su determinante aporte al resultado del comicio presidencial.

Pero haberse convertido en el ministro de Justicia no habría puesto en riesgo la popularidad que el Lava Jato le dio a Moro, si el gobierno surgido de sus decisiones judiciales hubiese sido incuestionable y eficaz. Por el contrario, fue polémico desde un primer momento por los extremistas que incluyó, pasando de la controversia al escándalo con la irrupción de la pandemia.

La institucionalidad quedó en estado catatónico desde que el presidente empezó a sabotear las medidas instrumentadas por los gobiernos estaduales. Bolsonaro no solo dejó al país sin un liderazgo central que coordine la acción sanitaria a nivel nacional, sino que además se convirtió en un obstáculo para esa imprescindible coordinación de políticas antipandemia.

Si a esta altura de la deriva no hubo juicio político, se debe a que un proceso de ese tipo absorbería energías del Estado, dificultándole aún más la posibilidad de concentrarse en la contención del COVID-19. Además, el impeachment que destituyó a Dilma Rousseff está demasiado cerca en el tiempo como para que otro trance de ese tipo no estrese por demás la política brasileña.

Sin embargo, Bolsonaro también estresa la política y el funcionamiento de su propio gobierno. Y la solución podría tenerla la misma persona que lo encumbró al cargo. Las pruebas que Moro presentó para avalar la denuncia que hizo al renunciar, podrían derivar en un proceso que saque al excapitán del Palacio del Planalto.

Si la Fiscalía considera que esas pruebas demuestran que Bolsonaro intentó interferir en las investigaciones de la Policía Federal a dos de sus hijos, elevaría el caso al Supremo Tribunal Federal. Y de obtener el aval de dos tercios de los diputados, los jueces supremos suspenderían por 180 días al presidente, para juzgarlo.

En ese momento, el poder quedaría en manos del vicepresidente, quien concluiría en el 2023 el mandato en curso si el proceso determina la culpabilidad de Bolsonaro y lo destituye.

El flanco débil del presidente es él mismo. A ese flanco lo ensanchan sus hijos. Dentro del propio gobierno parece crecer la convicción de que podría funcionar mejor si lo presidiera Hamilton Mourão. El actual vicepresidente es también un hombre de posiciones muy duras, pero da muestras del sentido común del que carecen Bolsonaro y sus hijos. Esa convicción también se estaría ampliando en el arco oficialista del Congreso. Por eso no resulta improbable que dos tercios de la cámara baja aprueben un proceso que puede derivar en la destitución y que no transita por el Poder legislativo sino por el Poder Judicial.

Finalmente, si Jair Bolsonaro pierde el poder no habrá sido por acción de la oposición sino por su enfrentamiento con los jueces supremos y con el hombre que le posibilitó llegar a la presidencia: Sergio Moro.