La violencia, en manos del pueblo, no es violencia, es justicia”, dijo el general Juan Domingo Perón. La razón del líder que en ese momento estaba en el exilio, radicaba en la ilegalidad de los regímenes ilegales que lo proscribían.

Pero en la Argentina de estos días muchos aplican razonamientos similares para justificar la violencia y el delito que les resultan políticamente convenientes.

Violentos delitos colectivos que se están multiplicando en la Argentina.

Quienes los cometen, así como sus respectivos defensores, entienden que, en realidad, se trata de actos de justicia.

Quienes ocupan tierras y propiedades tanto públicas como privadas, argumentan que su carencia de vivienda convierte ese delito en actos de justicia, en virtud del derecho a tener un lugar donde vivir.

Lo mismo argumentan los funcionarios y dirigentes que están detrás de algunas de esas tomas. Y los asiste una razón.

El problema es que la razón no elimina el delito.

Ocupar tierras y propiedades ajenas es ilícito porque así lo establece el Código Penal. Aunque esto no implica que no existan razones para que ocurra.

Lo que está claro que no existe, son gobiernos capaces de abordar y solucionar a tiempo problemas sociales como el grave déficit habitacional que tiene Argentina.

Algo similar, pero en otra escala social, ocurre con los vecinos de un country de la localidad bonaerense de Pilar que no dejaron ingresar al vehículo policial que llevaba al empresario kirchnerista Lázaro Báez a que continúe su estado carcelario en prisión domiciliaria.

Si lo decidió un juez y lo aprobó la cámara correspondiente, impedirlo mediante un violento piquete fue un delito.

Otorgar prisión domiciliaria a un empresario que amasó una fortuna obscena a la sombra del poder de presidente Néstor Kirchner, resulta a simple vista una injusticia.

Existen razones contundentes para creer en la culpabilidad del supuesto testaferro del ex presidente fallecido. Pero la razón no anula el delito.

Los vecinos que atacaron al móvil policial para impedir el cumplimiento de una decisión judicial, cometieron un delito violento.

Seguramente, tantos quienes impidieron el ingreso de Lázaro Báez a su casa en Pilar, como los dirigentes opositores que justificaron ese ataque al vehículo policial que lo trasladaba, consideran violenta e ilegal la toma de casas y predios que se multiplican en Buenos Aires y en la Patagonia.

Pero son incapaces de comprender la violencia y la ilegalidad de la violencia en la puerta del country.

Lo mismo pasa en la otra vereda, donde quienes justifican como acto de justicia las ocupaciones ilegales, tienen en claro el delito violento cometido por los vecinos de Pilar.

Que a los argentinos los divida una grieta infectada de odio político, plantea el peligro de que estos delitos violentos que se producen en las dos veredas enfrentadas, se encaminen hacia una escalada que hunda el país en la violencia política generalizada.

Ese riesgo se potencia con el discurso de dirigencias demagogas para las cuales el delito “es el otro”; la violencia “es el otro” y el odio “es el otro”.

Todo lo malo sólo es malo cuando lo hace “el otro”. Ese fenómeno que Ortega y Gasset llamó “hemiplejía moral” en un prólogo de “La rebelión de las masas”.