Claudio Fantini
Claudio Fantini

Mandela en el debate argentino

Alberto Fernández repite como un disco rayado que “en Argentina no hay pesos políticos”, pero desde el kirchnerismo siguen contradiciéndolo.

Entre las argumentaciones de las voces kirchneristas que refutan al presidente, algunos recurrieron a Nelson Mandela para afirmar que puede haber presos políticos aunque no se encuentren detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, sino condenados o procesados en estrados judiciales. Y para sostener esta afirmación, citan el largo y tortuoso encarcelamiento padecido en Robben Island por el líder sudafricano.

Es cierto que Mandela tuvo un juicio, pero usar su caso como ejemplo es absurdo. Los jueces sudafricanos eran el brazo judicial de un régimen que no podía considerarse el Estado de Derecho de una democracia.

El apartheid, que imperó plenamente desde 1948 hasta 1992 y rigió también en Namibia, no consideraba a las personas negras y de otras razas “no blancas” ciudadanos con los mismos derechos y garantías que tenía la minoría con descendencia anglo-bóer.

Ese sistema de segregación racial se inspiraba en el sociólogo Hendrik Verwerder, profesor de la Universidad de Stellenbosch que planteó la teoría de que los negros se encontraban en el último nivel de una escala en cuya cúspide se situaban los blancos descendientes de europeos.

No se puede pensar que un sistema judicial basado en semejante concepción racial va a poner en plano de igualdad jurídica a un exponente de lo que consideraba una raza inferior, a la que situaba casi en un nivel apenas por encima los animales.

Un régimen que consideraba genéticamente inferiores a las razas sudafricanas que no fueran de ascendencia anglo-bóer en particular y europea en general, no puede ser el Estado de Derecho de una democracia. Sus jueces, fiscales y camaristas sólo reconocían derechos y garantías a los procesados que tuvieran la tez blanca y ascendencia europea. Las etnias bantúes y minorías como la india, recibían un tratamiento jurídico diferente en los estrados del Estado racista.

A Mandela lo juzgó el apartheid. Su condena fue firmada por jueces de la etnia afrikáaner, como se denominaba a sí misma la minoría blanca. Las democracias maduras de entonces lo consideraron un preso político, entre otras muchas razones, porque no hubo instancia supranacional a la que pudieran apelar los abogados de quien llegó a ser considerado el “preso político” más célebre y admirado del mundo.

Fue evidente que el líder de la lucha anti-apartheid, había sido juzgado sin los derechos y las garantías que tenían los blancos.

La comparación puede servir, en todo caso, para los kurdos procesados en Turquía. Además de los activistas de esa etnia, estarían padeciendo discriminación judicial todos los que enfrentan al gobierno de Erdogán. Seguramente, volverá a quedar a la vista cuando se dicten sentencias contra nueve procesados por haber participado en las protestas del 2013 en la Plaza Taksim, de Estambul.

En Argentina, la Justicia funciona mal y muchos magistrados actúan según los vientos políticos, pero las audiencias son públicas y los fallos pueden ser apelados en instancias superiores: las cámaras, la Corte Suprema y, además, una instancia supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Usar el caso de Mandela para afirmar que presos por corrupción como Julio De Vido y Amado Boudou son presos políticos, y que Cristina es una “perseguida política”, resulta sencillamente absurdo.

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