Bolivia deambulaba en un laberinto oscuro, pero un tenue resplandor ha empezado a vislumbrarse. Su nudo gordiano estaba en la ilegitimidad de Jeanine Áñez como presidenta interina. Y curiosamente es el partido de Evo Morales el que le ha dado la única legitimación válida con la que cuenta.

En rigor, la había reconocido en el cargo el Tribunal Constitucional, pero se trata de un órgano que perdió credibilidad cuando autorizó a Evo Morales a desconocer el referéndum del 2016.

La salida del laberinto boliviano está en la realización de elecciones libres y transparentes. Pero a esos comicios no podía convocarlos Áñez por decreto. La jefatura de Estado que ella ostenta no tiene legitimidad de origen. La línea sucesoria no pasa por la vicepresidencia del Senado, que era el cargo de Áñez. Para tener legitimidad institucional, la presidencia interina debió quedar en manos de un titular del Senado que suplantase a la renunciante Adriana Salvatierra, pero por designación de la mayoría de los miembros de esa cámara. Y el MAS es el partido que tiene la mayoría, tanto en la cámara alta como en la de Diputados.

Las otras variantes de línea sucesoria, para el caso de que el Senado no pueda votar a sus autoridades, tampoco pasan por la vicepresidencia de ese cuerpo, que Áñez ocupaba con apenas el cuatro por ciento de los votos obtenidos en el Departamento de Beni por su partido, Unidad Democrática.

Por lo tanto, su designación como presidenta interina sólo pudo hacerse porque así los impusieron las fuerzas conservadoras de Santa Cruz y Potosí, que son las que se adueñaron de la caótica situación imperante tras el estropicio electoral cometido por el gobierno de Evo Morales. Ergo, el de Jeanine Áñez es un gobierno de facto.

En síntesis, como fuerza mayoritaria en el Congreso, y siendo el Poder Legislativo la única vía de reinstitucionalización posible, es el partido de Evo Morales y de Álvaro García Linera el único en condiciones de legitimar un mandato presidencial interino y un proceso electoral que restaure el orden democrático interrumpido.

Quien ganase la presidencia en comicios convocados mediante un decreto promulgado por un gobierno sin legitimidad, encabezaría un gobierno también viciado de ilegitimidad.

Lo que nadie esperaba es que los legisladores del MAS le dieran una carta de legitimación a Jeanine Áñez. Y eso ocurrió cuando el gobierno de facto y el Congreso acordaron el proceso electoral.

Ese acuerdo incluye la inhabilitación de Morales y García Linera para presentarse como candidatos. Fue negociado mientras el ejército y la policía reprimían ferozmente a los cocaleros de Cochabamba y a los manifestantes de El Alto que se levantaron en rebelión exigiendo la restitución de Evo Morales en el poder.

Una de las preguntas que sobrevuela Bolivia es por qué, a contramano de las bases que se declararon en resistencia contra el poder imperante, los senadores y diputados del MAS negociaron y acordaron con el poder representado por Áñez, otorgándole de ese modo una carta de legitimidad que no tenía.

¿Cedieron ante amenazas del poder fáctico que ostentan Camacho y Pomari? ¿actuaron con la aprobación de los ex presidente y vice? ¿o los legisladores del MAS decidieron, por su propia cuenta, desligarse de sus dos máximos líderes?