Chile empezó a dar vuelta la página que le faltaba para cerrar el capítulo de la herencia autoritaria. 

El paso histórico que acaba de dar en las urnas, con una masiva participación de votantes y el triunfo abrumador de la opción por el cambio de Constitución, diluirá los efectos residuales de la dictadura.

Con la Constitución de 1980, el general Augusto Pinochet instaló un blindaje para proteger el orden creado por su régimen.

La derrota que sufrió en el plebiscito de 1988 sobre su continuidad en el poder, fue el primer traspié de ese orden que debía permanecer inalterado.

Tiempo después, el general Fernando Matthei reveló que el dictador había pretendido realizar un autogolpe para desconocer el veredicto de las urnas, pero altos mandos del ejército lo disuadieron y terminó aceptando el resultado.

Al fin de cuentas, para eso estaba la Constitución de 1980. Ella se encargaría de impedir que los gobiernos civiles pudieran desplegar las alas de la democracia.

Los gobiernos de la Concertación Democrática que encabezaban democristianos y socialistas fueron desmontando algunos de los blindajes políticos diseñados para que, al decir del dictador español Francisco Franco, todo quedara “atado, y bien atado”.

Desde las bancas vitalicias en el Senado hasta inamovibles sistemas de representación parlamentaria habían sido incluidas en la Constitución a modo de chaleco de fuerza para los gobiernos surgidos de elecciones libres.

Tímidas reformas se sucedieron en la transición democrática. Algunas fueron más relevantes, como la de Ricardo Lagos en el 2005.

Pero fue Michel Bachelet en su segunda presidencia quien señaló la necesidad de una reforma constitucional que apuntara a desmontar el blindaje que mantenía inmóvil el orden económico y social.

En las democracias capitalistas de Occidente las cartas magnas ponen a resguardo la propiedad privada.

Pero la que dejó Pinochet es la única que establece de manera explícita la sujeción de la sociedad y la economía al mercado.

Como explica el jurista y constitucionalista chileno Fernando Atria, el gobierno queda obligado a velar por el mercado y la propiedad privada se sitúa por encima de derechos públicos elementales, como el acceso al agua.

En la constitución de 1980 impuesta por la dictadura, el agua, la educación, la salud y la jubilación son reguladas por el mercado.

Este blindaje al statu quo socioeconómico que forjó el régimen militar, generó por un lado condiciones para un despegue económico vigoroso, pero por otro lado, si bien disminuyó la pobreza, redujo al mínimo la movilidad social produciendo una desigualdad petrificada en un sistema casi equivalente al de las castas.

En su segundo gobierno, Bachelet apuntó a remover esos obstáculos a la movilidad social y a la generación de equidad. Pero le faltó fuerza política para poder avanzar en esa dirección.

Sebastián Piñera quedará en la historia como el presidente que abrió paso a la reforma que posibilitará, finalmente, generar las condiciones para una sociedad equilibrada. Pero no fue por iniciativa propia. Se lo impusieron las masivas protestas que sacudieron al país trasandino.