Una pregunta que parece retórica mas no lo es. Primera respuesta obvia, votamos para elegir quien nos represente en la conducción del país y, fundamentalmente, para que ejerzan la autoridad en nombre nuestro.

Esa potestad de imperio que otorga la ciudadanía a los gobernantes debiera ser impuesta para que la convivencia sea ordenada y respetuosa, para que los derechos de las personas sean respetados y los servicios públicos sean eficientemente prestados.

Lamentablemente eso que sería indiscutible si viviéramos en un estado de derecho, resulta en la práctica, muy alejado de la realidad. Hoy los gremios y la delincuencia en muchos casos han tomado el poder sin que representen más que a ellos mismos. La sociedad es rehén y el estado se abstiene de ejercer el poder que legítimamente le ha sido conferido y que debiera de imponer para frenar esa irrupción ilegítima que azota a la ciudadanía.

Varios son los ejemplos que nos sitúan en este mar de inquietud, podríamos comenzar por citar un decreto que desconoce los derechos a la propiedad y al trabajo, me refiero al decreto 165/006 que reconoce como legítimo ocupar los lugares de trabajo. Amparados en esta norma inconstitucional, nuestros representantes no impiden que arrasen con los derechos de los ciudadanos como en los casos de Conaprole, Frigorífico Las Moras, centros educativos, supermercados, compañía del gas y otros.

La delincuencia invade nuestras vidas, impide que circulemos libremente, lastima inocentes y se enriquece a costa de explotar una y otra vez los cajeros.

La pregunta es, si estos señores sindicalistas cuyas organizaciones carecen de reglamentación de funcionamiento y las mayorías son gobernadas por minorías con desprecio por los principios democráticos ¿no debieran ser frenados por nuestros legítimos representantes, aquellos que votamos como pueblo, más allá de quiénes hayan sido los vencedores? ¿No debiéramos repensar el contenido y frecuencia de los Consejos de Salarios?

En otro orden, también detentan poder ilegítimo los delincuentes que van por aquí y por allá entrando a los comercios, rateando a transeúntes, explotando cajeros y haciéndose de armas, todo como perico por su casa, sin que nadie los moleste, pero sí aterrando a la población.

Las causas las conocemos todos, un código de proceso penal garantista de los delincuentes, una policía sin el debido respaldo y protección, un parlamento que no toma el toro por las astas para reglamentar los sindicatos, bajar la ley de imputabilidad y darle mayor espectro de actuación a los jueces y unas cárceles que solo sirven como universidades del delito.

¿Para qué votamos entonces? ¿Para que quienes han sido honrados con la confianza del pueblo no tomen la responsabilidad que conllevan los cargos que les fueron conferidos?

Permanentemente se dictan normas sobre la sal, sobre la velocidad al paso en que se debe circular en automóvil, sobre sendas de autobuses en las cuales jamás viajan estos vehículos, en fin, miles y miles de normas de dudosa aplicación para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mientras las necesarias no se adoptan; entonces ¿para qué votamos si nos gobiernan los que no son elegidos por nadie?