La preocupación de algunos en cuanto a si un cambio de partido político en el gobierno dejará desamparados a quienes necesitan del apoyo del Estado es absolutamente infundada.

Un país justo y equitativo es aquel que ofrece a sus habitantes oportunidades de desarrollo personal. El paternalismo estatal que impone lealtad por temor a perder prebendas, solo restringe las libertades individuales.

Una sociedad solidaria no es aquella cuyos ciudadanos son esquilmados a la fuerza por el gobierno de turno, para entregar lo recaudado, arbitrariamente, a los destinatarios elegidos, amigos del poder.

Por el contrario, una comunidad que se compadece de aquellos que por razones diversas no tengan la oportunidad de autoprocurarse su desarrollo, pone a disposición de ellos oportunidades y no dádivas que los retengan en la eterna dependencia.

Las políticas sociales, sin excluidos, deben enfocarse en una educación pública que cumpla con el tiempo previsto en aulas, con programas y calidad suficientes que oficien de canal de salida al campo laboral y eviten la multiplicación de personas que deambulan sin comprometerse con trabajo o estudio, viviendo de la caridad pública que mucho les cuesta a los que contribuyen a su manutención por medio de los impuestos.

De igual modo el destino de fondos sociales pertenecientes a toda la sociedad y no al Estado, como suele creerse o pretender que se crea, debe orientarse hacia aquellos que lamentablemente ya han caído en el delito o en la droga, de modo de rehabilitarlos y permitirles la reinserción y no como ocurre actualmente que quedan inmersos en un círculo vicioso de delito, adicciones y reclusión.

La vivienda, afectada progresivamente con un creciente aluvión de impuestos, queda muy lejos de las posibilidades siquiera de cualquier persona de ingresos medios. La exoneración de impuestos sobre este rubro es fundamental para, no solo el acceso de la población a hogares dignos, sino también para dinamizar un área de la economía, que como otras, se ha visto asfixiada por la presión impositiva.

La protección a la vida, la defensa de la propiedad privada, el derecho al trabajo y a vivir en paz constituyen anhelos legítimos de los ciudadanos y han de ser protegidos por el Estado como políticas prioritarias en beneficio de la sociedad.

Es para todo ello que los ciudadanos confieren poder al Estado para obtener recursos de forma compulsiva mediante tributos y destinarlos a áreas de infraestructura, relaciones exteriores y mejoras sociales como las mencionadas.

Se intenta infundir miedo afirmando que se limitará la mal llamada agenda de los derechos y ya se expresó que ello no ocurrirá, se pretende aterrar a quienes justa o injustamente reciben subsidios del Estado sin contrapartida, aseverando que se eliminarán una vez se concrete el cambio de gobierno y eso no es cierto, no solo porque ya se ha expresado por los principales referentes políticos que no ocurrirá, sino simplemente porque no es posible dejar a todas esas personas sin ingresos de un día para el otro.

Las políticas sociales son prioridad de todos los dirigentes políticos, el tema es aplicarlas correctamente a través de medios idóneos y focalizarlas hacia los verdaderamente necesitados. Mentir, falsear y confundir sobre esto no solo es una grave falta ética sino un ataque directo a los beneficiarios en su tranquilidad y bienestar.