El próximo 26 de octubre la ciudadanía decidirá sobre qué gobierno dirigirá el país los próximos cinco años. Cada uno con su conciencia, sin sentimientos de odio, rencor o envidia debería emitir su voto con la responsabilidad que conlleva el ejercicio de cualquier derecho. Adicionalmente se plebiscita una reforma constitucional, que enfrenta al ciudadano a una muy difícil decisión.

Existe un sentimiento arraigado de protección a la minoridad, que tiene su raíz en un aspecto noble y que, entre otras cosas, trasluce la idea cristiana de arrepentimiento y de propósito de enmienda, así la sociedad, con cierta inocencia, trata a los menores infractores violentos con la misma benevolencia que se le trata a aquel que ha cometido una falta con consecuencias meramente materiales.

Uno y otro accionar son reprochables, pero la iniciativa de reforma Constitucional pone de relieve una cruda realidad. Los delitos violentos, sumamente graves y que dañan a personas totalmente inocentes

El próximo 26 de octubre la ciudadanía decidirá sobre qué gobierno dirigirá el país los próximos cinco años. Cada uno con su conciencia, sin sentimientos de odio, rencor o envidia debería emitir su voto con la responsabilidad que conlleva el ejercicio de cualquier derecho. Adicionalmente se plebiscita una reforma constitucional, que enfrenta al ciudadano a una muy difícil decisión.

Existe un sentimiento arraigado de protección a la minoridad, que tiene su raíz en un aspecto noble y que, entre otras cosas, trasluce la idea cristiana de arrepentimiento y de propósito de enmienda, así la sociedad, con cierta inocencia, trata a los menores infractores violentos con la misma benevolencia que se le trata a aquel que ha cometido una falta con consecuencias meramente materiales.

Uno y otro accionar son reprochables, pero la iniciativa de reforma Constitucional pone de relieve una cruda realidad. Los delitos violentos, sumamente graves y que dañan a personas totalmente inocentes e indefensas, de forma absolutamente irreparable, en un porcentaje muy alto son cometidos por individuos que actualmente gozan de la protección de su corta edad.

Algunas voces se levantan sosteniendo que haciendo responsables penalmente a jóvenes de entre 16 y 18 años no se soluciona el tema de la inseguridad, ¡vaya novedad! Claro que la inseguridad tiene causas y consecuencias que no se agotan recluyendo a los menores que cometen intencionalmente delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación.

Sin embargo, cuántas familias se hubieran visto protegidas, cuántas lágrimas de buenos compatriotas se hubieran evitado si se hubiera impedido que los violentos infractores fueran liberados con apenas unos meses de reclusión, sin el más mínimo indicio de rehabilitación, solo considerando que aún no habían cumplido los 18 años.

No se propone sancionar a los menores como adultos sino evitar que los violentos tengan a la sociedad de rehén, escondida tras las rejas, esperando a que el Parlamento tome una decisión, que aunque dolorosa, no constituye más que el mal menor. Claro que debió haber sido materia de ley, pero no lo fue y los delitos cometidos por sujetos de la franja etaria en cuestión crecen, las víctimas son cada vez más y los que no han sido victimizados aún, sufren en constante temor.

En rigor de verdad no se trata de bajar la edad de imputabilidad de cualquier menor que cometa un delito, sino, en defensa de la sociedad toda, privar de libertad a los jóvenes solo en cuanto cometan los gravísimos delitos antes mencionados. Tampoco se trata de recluir a los infractores menores en las cárceles atestadas de delincuentes adultos para que se instruyan aun más y se perfeccionen en la comisión de delitos. La propuesta reforma contempla la internación en instituciones en las que se imparta afecto, respeto, educación, exigencia en el cumplimiento del deber, que se forme en oficios con la intención de forjarse el propio sustento y el de su familia con esfuerzo y no tomado impunemente el esfuerzo ajeno. Se requerirá además de la colaboración de personas y empresas para que sea posible la ulterior reinserción social. Difícil decisión, proteger al infractor violento o al ciudadano inocente, en cada uno está decidir.