Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Ojos que no ven

Venezuela sufre una dictadura que a todas luces viola los derechos de los habitantes de un país que, como tantos en el continente, malgastó lo recursos sumiendo a la población en el sufrimiento y la escasez.

Venezuela sufre una dictadura que a todas luces viola los derechos de los habitantes de un país que, como tantos en el continente, malgastó lo recursos sumiendo a la población en el sufrimiento y la escasez.

Es difícil evitar tomar conciencia de la situación que vive ese país y del abuso de un gobernante sin calificación para serlo, que llegó al poder fruto de una dudosa y posiblemente fraudulenta elección. El ingreso de Venezuela al Mercosur se concretó en oscuras circunstancias forzando el Derecho hasta someterlo a lo político. Ahora volvemos a la encrucijada, la pasión hacia las coincidencias ideológicas no deja ver la realidad innegable, Venezuela padece un gobierno totalitario y militarizado. En las últimas horas hasta el abastecimiento de los bienes esenciales está en manos del Ministerio de Defensa, munido de poderes exorbitantes.

Maduro fue elegido en elecciones que dejaron muchas dudas sobre su legitimidad, pero aun cuando hubieran sido limpias, ello no le da el derecho de erigirse en señor feudal y apropiarse de todos los bienes del sector privado en beneficio de quienes ciertamente no los merecen.

Venezuela, país cuyo orden democrático ha sido fracturado por una dictadura cruel, ineficiente, violatoria de los derechos humanos, que impide impunemente la realización de un referéndum que podría terminar en la revocación del mandato del presidente, debe ser suspendido de actuar en los órganos del Mercosur.

Es cierto que el artículo 5° del Protocolo de Ouro Preto establece que la Presidencia del Consejo del Mercado Común será ejercida por rotación de los Estados Parte, en orden alfabético, por un período de seis meses.

Sin embargo, dicha norma debe interpretarse de modo armónico con las disposiciones del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, que prevé que en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte, los demás Estados considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar. Las sanciones varían desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos del Mercosur hasta la suspensión de derechos y obligaciones emergentes de los procesos de integración.

Clarísimo, si a Venezuela se le debe aplicar la normativa del Protocolo de Ushuaia y suspenderla del Mercosur, no puede, de ningún modo presidir el Consejo del Mercado Común.

Lo jurídico debe prevalecer sobre lo político, pero en este caso la dualidad no existe ya que ambos conceptos son coincidentes en la solución negativa a transferir la presidencia a Venezuela. En efecto, dicha transferencia no sólo sería contraria a las normas mencionadas, sino que además sería altamente inconveniente que quien lidere el proceso de entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea sea precisamente quien se ha opuesto al mismo; sería demencial.

Lamentablemente poco se puede hacer por el atormentado pueblo venezolano desde el Mercosur, pero al menos es imperioso reconocer que el gobierno de Maduro arrasa con la democracia, los derechos individuales y el respeto por el Derecho.

Si la suspensión de Paraguay tuvo poco o nulo fundamento en 2012, permitir que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur será aún menos defendible.


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