Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Al que llora...

Al que llora se le concede. A su tiempo los distintos grupos de presión cuya voz se hace oír de distintas formas, o bien con paros de actividades esenciales, o porque prometen grandes inversiones, o por el medio que sea, han conseguido que sus reclamos se vean atendidos, de una u otra forma.

Cualquiera de los reclamos implica aspectos de fondo del país, como el costo del estado, las relaciones laborales, la dificultad de exportar los productos nacionales y la falta de convenios internacionales de comercio, que de modo indirecto mitigarían el alto costo de nuestro estado.

Al igual que cuando se firmó el convenio de UPM, los subsidios al campo o cualquier otra solución por sectores o empresas, no es justa para el resto del país.

No se oyen voces, ni dentro del gobierno, ni en la oposición, que muestren que estén viendo que el país tiene un problema, un problema de distribución y administración de los recursos públicos y que manifiesten de qué forma proponen solucionarlo.

Aumentar impuestos explícitos o implícitos dentro de tarifas públicas y endeudarse para financiar los gastos corrientes del Estado, sólo está empujando la solución hacia el futuro, una solución que por no ser planificada, termina siempre siendo perjudicial para los más débiles.

Por un lado el mito que indica que no se puede desvincular personal del estado, que claro no es más que un mito, ya que la Constitución de la República indica claramente en su artículo 59 que la ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. En la administración central, parlamento, empresas públicas, servicios descentralizados, personas públicas no estatales, intendencias y comisiones de apoyo hay gente comprometida con el concepto del "servidor público", pero también están aquellos que, como se dice vulgarmente, dejan la gorra en el perchero y se van a trabajar en sus propios negocios o profesiones.

Por otro lado está la gestión, si se administra bien o mal da igual, ya que ningún administrador de bienes públicos se hace responsable por el resultado cuando éste está teñido de desidia, abuso o aún de la falta de competencia total para el cargo.

Las hijitas dilectas del estado, las personas públicas no estatales, aquellas que se rigen por las normas del derecho privado, pero tienen la suerte de financiarse con dineros públicos, sin el contralor del Tribunal de Cuentas, en general tienen funcionarios privilegiados a la sombra de su particular status. Los sueldos que poco a poco van conociéndose son disparatados sin contar los mal llamados beneficios que esconden partidas salariales adicionales.

Los gastos y beneficios de cada sector público se acumulan, cuando hablamos de las partidas por diarios, secretarias, choferes, combustible, salud, viajes y tantas otras partidas que se asignan como tales para que no sumen en el sueldo, en el total del estado son sumas extraordinarias que sí pesan a la hora de requerir el financiamiento a la actividad privada.

No es justo que las soluciones se den a los que lloran más alto, el costo del estado está asfixiando a la actividad privada en su conjunto, especialmente a los sectores silenciosos, como los empleados, los pequeños comerciantes, los profesionales, en fin, todos aquellos que no se constituyen en un grupo de presión por la razón que sea.

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