Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Infancia y delincuencia

El próximo gobierno tendrá que aplicar todo su esfuerzo en lograr acuerdos para obtener mayorías parlamentarias que le permitan gobernar.

Las coaliciones basadas en asignación de cargos a los distintos miembros de la coalición no serán suficientes y para el bien del país los partidos habrán de identificar coincidencias para conformar políticas de estado.

La mayoría parlamentaria de los últimos quince años no ha sido favorable a los intereses del país sino de aquellos pequeños grupos de presión dentro del partido gobernante que conformaban el fiel de la balanza y por tanto consiguieron de sus correligionarios mucho más que lo que por sus votos merecían.

Naturalmente que la reorganización, mayor eficiencia y reducción racional de costos del Estado es una prioridad innegable a efectos de comenzar el camino hacia la disminución sostenida del déficit fiscal que permita, primero mantener la confianza para los mercados financieros y paulatinamente abrir camino a la disminución de la presión fiscal, oxigenando la economía junto con la apertura de mercados internacionales y así ampliar la inversión en el país y generar empleo.

Sin embargo con eso no alcanza, si el país no toma decidida responsabilidad sobre la formación de la infancia y juventud, el riesgo de tener cada vez más personas sin capacidad de asumir los trabajos del futuro y por tanto el riesgo de verlos caer en la droga, el delito y la vagancia, es muy alto.

Del mismo modo y con el mismo ahínco se debe atender el drama de las cárceles, la rehabilitación de los reclusos que estén en situación de reinsertarse a la familia o el trabajo y el alejamiento de la sociedad de aquellos que solo sean capaces de reincidir o de cometer delitos más graves.

Para mejorar los aspectos de la educación, la minoridad infractora y la delincuencia hacen falta recursos, recursos que el país hoy no dispone porque el Estado gasta mal y donde no debe. Se trata, entonces, de fijar prioridades, no de crear ilusiones en la población en el sentido que se cubran necesidades muy personales o subsidios sin análisis o la formación de multiplicidad de comisiones destinadas a evaluar lo mil veces evaluado y a emitir informes que no se toman en cuenta para adoptar decisiones justas.

En definitiva se trata de definir prioridades, no de reclamar los mal llamados derechos. Si los recursos son escasos para los reclamos de presuntos derechos, que más rigurosamente debieran ser denominados como reclamos de intereses de pocos en desmedro de muchos, se impone determinar las necesidades sociales más urgentes y dejar la satisfacción de los deseos de pequeños y ruidosos grupos para más adelante, para cuando sea posible sin lesionar verdaderos derechos como lo son el de tener acceso a una educación digna o a una rehabilitación, cuando las oportunidades de unos y otros han escaseado por el lugar en el cual nacieron.

Si de equidad hablamos, quienes tengan el honor de integrar el gobierno deben fijar claras prioridades y dejar de lado demagogias en beneficio de unos pocos.

Anunciar desórdenes, presiones, inestabilidad social solo denota que aquellos que otrora atentaron contra la democracia y luego la utilizaron para alcanzar el poder, no se tornaron demócratas, solo usan el sistema para satisfacer sus propios anhelos egoístas de poder.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)