Las leyes dictadas por los gobiernos de los últimos 15 años rigen a todos por igual y no solo a quienes estuvieron de acuerdo con su contenido.

Más aún, quienes discreparon con algunas de esas normas legislativas, como la que convierte en protegida legalmente la eliminación de un niño por nacer, o la que otorga privilegios en cuotas, intervenciones quirúrgicas gratuitas, subsidios, prioridad en la obtención de becas a personas autopercibidas como transgénero, e incluso admitir que la patria potestad puede ser sustituida cuando un menor pretenda modificar su género, en lugar de protegerlo hasta su mayoría de edad, fueron sometidas a la ciudadanía y esta rechazó, en una acción de democracia directa, derogar esas leyes.

Lo hecho, hecho está, aun si quisiera modificar esas normas quien fuera electo Presidente en las próximas elecciones de noviembre, es obvio que no tendría las mayorías para hacerlo, en consecuencia, seguir sosteniendo que esos temas serán eliminados, o bien es ingenuo o mal intencionado.

Solo podría ser posible que esas leyes fueran legítimamente sustituidas por otras con un cambio generalizado de mentalidad en la población, aspecto este poco probable en el corto plazo.

En todos los gobiernos se han afianzado políticas de bienestar para las personas, como debe ser, pero cada partido le da un perfil diferente, que puede o no ser aceptado por los demás. Un ejemplo de esto puede ser la ley de ocho horas tan aplaudida y con vigencia en Uruguay desde temprano en el siglo pasado. Ahora, sin embargo, en algunos sectores en el área pública y contraviniendo la equidad de los trabajadores, claro que con cargo a aquellos que aún trabajan 8 horas, se ha resuelto reducir el trabajo semanal a 30 horas. Disparatado y abusivo para algunos y un logro para quienes lo pueden usufructuar.

Toda vez que se confiere derechos a un sector de la población se lo está restando a otro, por tanto la agenda de derechos siempre es sin perjuicio de cómo vaya evolucionando el sentir social y siguiendo de atrás al convencimiento general.

De hecho mucho tiene que ver ese sentir de la sociedad con la educación, tanto en las aulas como en las familias, es cierto que en los últimos años se ha hecho esfuerzo por inculcar en los niños ideologías de género o concientizarlos sobre la necesidad de preservar el medio ambiente. En un caso, fuera de los límites de educación del Estado y extralimitándose y en el otro contribuyendo a que generaciones futuras gocen de un planeta más sano. Sea como sea que veamos cada uno las orientaciones prevalentes en la sociedad, cuando de un país democrático como el nuestro se trata, las mayorías imponen sus convicciones y está en las minorías de hoy, mayorías del mañana, trabajar en paz para encontrar consensos, no en el corto plazo, que seguro no es posible, sino en el mediano plazo para promover ideas que hoy son poco aceptadas.

Los ejemplos de disidencias son múltiples, pero insistir en que el próximo gobierno, y contra la voluntad popular, cambiará las leyes aprobadas legítimamente por la ciudadanía es un falacia, fruto de la vehemencia de una instancia electoral o de la mala fe de algunos que con el miedo intentan arrear a las masas, más que con la razón convencerla.