Aquellos que pretenden asimilar las políticas aplicadas en el gobierno de Macri con las propuestas de los candidatos de los partidos tradicionales, o bien muestran un desconocimiento absoluto de la realidad argentina o intentan asustar al electorado uruguayo con su habitual malicia temeraria.

Nada más lejano a la realidad, especialmente en materia económica, que ha llevado a la Argentina a que la desconfianza de los mercados desemboque en reperfilación de deudas y control de cambios.

Esa desconfianza es la que algunos pretenden contagiar en nuestro país sembrando temores infundados, no solo en lo económico sino que también se intenta generar dudas en los aspectos sociales, afirmando que con el advenimiento del cambio se restringirían derechos.

Los partidos tradicionales han afirmado que no promoverán la derogación de ciertas leyes mal llamadas de derechos. Aun aquellos que se han manifestado en contra de las leyes del aborto y de los beneficios a minorías, consideran que en la situación actual del país no es oportuno volver a tratar aspectos que dividen a la sociedad.

La preocupación por la educación, base de la equidad y la movilidad social, que debiera ser prioridad para cualquier gobierno, no ha merecido la debida atención hasta el momento, pero es una columna fundamental de las propuestas de los partidos fundacionales, promoviendo una educación pública impulsora de mentes abiertas, creativas, prontas para un mundo de ciencia y tecnología que permita acceder a oportunidades laborales.

La educación pública, salvo excepciones, no prepara para pensar sino para repetir o lo que es peor, progresar de curso en curso sin incorporar conocimiento alguno o simplemente para desertar.

En cuanto a seguridad se intenta atemorizar con que los ciudadanos honestos se verán acosados por las fuerzas del orden; acosados y amedrentados se encuentran en la actualidad por los delincuentes. El orden y la seguridad ciudadana se proponen como prioritarios por los candidatos de la oposición, con el ejercicio de la autoridad y protegiendo a los agentes del orden. También se propone trabajar sobre las cárceles y la reinserción de los exconvictos, lejos de generar terror debiera infundir tranquilidad.

Quizás algún distraído pueda pensar que se perderían derechos en materia laboral; más certero sería pensar que podría recuperarse el derecho al trabajo y al ejercicio de la libre industria si se reconociera que el abuso sindical en materia de ocupaciones, piquetes y destrozos no constituye un derecho, sino solo un exceso. El derecho de huelga consagrado por la Constitución implica el cese voluntario del trabajo como medida de protesta en reclamo de un derecho y no es de jerarquía superior al derecho al trabajo de quienes deseen trabajar.

El Pit-Cnt pretende sembrar temor augurando la falsa derogación de la ley de consejos de salarios, lo que ha sido desmentido por todos los candidatos. Falso, tan falso como que se hayan eliminado en el primer lustro de los años 90, período en el cual se incrementaron 70.000 puestos de trabajo y el salario real creció en un 13,6%. Es falso de toda falsedad que en ese período, priorizando la negociación por empresa, se haya perdido puestos de trabajo o salario real.