La discriminación positiva es una forma de discriminación. Toda vez que se otorga un privilegio a un colectivo, los demás lo ven con recelo. ¿Cuál es la razón para que tal o cual grupo tenga más derechos que otros para obtener una atención médica especial o una cuota para ingresar a determinado trabajo? Pues ninguna otra que la fuerza y recursos de un grupo de presión.

El Mides, a través del Poder Ejecutivo, ha enviado al parlamento un proyecto de ley para implementar acciones afirmativas en el ámbito público y privado para personas trans. Este proyecto tiene como propósito promover erradicar la discriminación contra las personas trans (travestis, transgéneros y transexuales) tanto en las familias como en el acceso a la salud y el derecho a trato especializado en la educación. El respeto y la eliminación de todas las formas de discriminación es totalmente compartible, no solo con este colectivo sino en general con todas las personas sean del sexo, raza, religión y cualquier otra característica o tendencia que prime en el individuo.

En este caso, no solo se trata de imponer respeto sino que la particularidad radica en que el solo hecho de autodefinirse trans da derecho a esas personas a adecuar sus documentos identificatorios y gozar de privilegios tales como cupo del 1% en los nuevos puestos de trabajo, un cupo del 2% al 8% en las becas disponibles a la vez que tendrían prioridad para los cursos de Inefop e incluso el derecho a realizarse operaciones y hormonización gratuita en centros privados y públicos, además de tener prioridad en el acceso a vivienda y hasta una pensión vitalicia imprescriptible. Su identidad sexual autodefinida le daría un mejor tratamiento que a aquellos que han tenido la mala suerte de ser educados en la decaída educación pública con escaso acceso a trabajo.

Cada persona mayor y capaz tiene derecho a realizar con su vida lo que mejor le plazca, pero no es lógico que desplace a otras en la obtención de recursos y privilegios que solo deberían estar reservados para personas que no pueden valerse por sí mismas o que tengan cierta discapacidad, lo que sí está claro es que cualquier persona, sea cual sea su situación, merece el respeto de los demás y el derecho a vivir su vida según lo desee sin molestar a los demás y sin ser molestado.

En el caso de los menores, el proyecto de ley propone que aquellos que no hayan cumplido 18 años puedan acceder a los tratamientos médicos y aun a las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo sin el consentimiento de los padres. Esto es un atropello y una aberración, en primer lugar porque si la persona no es capaz para realizar actos civiles menos podría serlo para tomar semejante decisión que afectará, sin remedio, su vida futura y en segundo lugar pues se elimina el derecho de los padres al cuidado de sus hijos. Cabe agregar que las personas trans que han vuelto a su sexo de origen, nucleadas en el grupo Boomerang, han manifestado su preocupación por este derecho que se daría a los menores con este proyecto.

Ya tenemos cupos para mujeres en el parlamento, policlínicas afrosalud de la Intendencia de Montevideo y ahora a quienes tengan la "vivencia interna e individual de género que se sienta y se autodetermine trans" ya no solo son cupos, sino que agregamos renta vitalicia y lesionamos el sagrado derecho de los padres. ¡Que prime la razón!