Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Un difícil equilibrio

Del acoso impune a la injusta pérdida de la honra del denunciado hay una delgada línea.

Del acoso impune a la injusta pérdida de la honra del denunciado hay una delgada línea.

Con el ingreso de la mujer al mercado de trabajo una legítima preocupación por protegerla de eventuales abusos, por su condición presuntamente más débil, fue creciendo al compás del dictado de normas nacionales e internacionales que promueven la no discriminación y el respeto entre las personas.

Claro es que el respeto es la base de la interrelación entre aquellos que trabajan en un mismo ámbito y que debe traducirse en una forma educada y considerada de comportarse, vestirse y hablar, cuidando incluso el lenguaje gestual.

Violar esas normas es o puede constituir un abuso, sea que se base en la condición sexual de las personas o en la jerarquía, en la edad o cualquier otro aspecto que pueda significar un mayor poder de uno sobre otro.

La ley 18.561 se dictó con el objeto de prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, así como proteger a las víctimas del mismo, guardando su identidad en el curso de las investigaciones. El acoso consiste fundamentalmente en la conducta de alguien que puede hacer sentir intimidado o humillado a otro por su posición de menor poder.

La manifestación de esa actitud puede concretarse en amenazas, exigencias o promesas a cambio de requerimientos sexuales o acercamientos corporales e incluso en el uso de ciertas expresiones que pueden considerarse humillantes u ofensivas.

Según la citada ley no solo es responsable el autor de las actividades humillantes u ofensivas, que podrá ser sancionado o incluso despedido por notoria mala conducta, sino que también se considera responsable al empleador en tanto haya tenido conocimiento de su ocurrencia y no haya tomado medidas para corregirlas.

El empleador, en caso de recibir una denuncia de acoso sexual o laboral, debe realizar una investigación administrativa y proteger al denunciante incluso instrumentando medidas de integridad psico-física de la presunta víctima. La investigación debe constar por escrito, en reserva, garantizando a ambas partes la posibilidad de ser oídas y de fundamentar sus dichos, para luego emitir una resolución en un plazo no mayor de treinta días.

El número de denuncias ha tenido un incremento significativo en los últimos años en nuestro país, seguramente se denuncien hechos reales, como los que se han hecho públicos en los últimos días, pero también muchos van al archivo por falta de pruebas.

Es una materia muy delicada, por el dolor y la impotencia de quienes realmente han sido objeto de abusos y de aquellos que han sufrido una denuncia abusiva y sin fundamentos. En el caso de denuncias infundadas el ofendido es el denunciado, pasible de escarnio en su medio laboral y luego difícilmente reivindicado cuando el expediente es enviado al archivo por falta de pruebas.

Para los casos en que las denuncias no tienen un sustento real o aquellas en que el denunciado ha actuado con estratagemas o engaños artificiosos, pretendiendo inducir en error sobre la existencia del acoso sexual denunciado, la ley prevé sanciones administrativas y penales que pretenden dar un marco de justicia defendiendo la integridad en el trabajo, pero también a aquellos que puedan ser objeto de denuncias falsas por espurias razones. La protección de unos y otros sin preconceptos hace que se tienda al equilibrio y se eviten los abusos sin importar de dónde provengan.

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