El Uruguay es considerado un país atractivo para la inversión extranjera, por múltiples factores, pero de proseguir el camino de acceder sin más a los requerimientos de fiscos extranjeros, ávidos de impedir que los capitales fluyan hacia los países en desarrollo, puede poner en riesgo tal posición, que con el esfuerzo de todos ha ganado.

El Uruguay es considerado un país atractivo para la inversión extranjera, por múltiples factores, pero de proseguir el camino de acceder sin más a los requerimientos de fiscos extranjeros, ávidos de impedir que los capitales fluyan hacia los países en desarrollo, puede poner en riesgo tal posición, que con el esfuerzo de todos ha ganado.

Los estados avanzan sobre las economías privadas fundados en su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para sus cometidos básicos, lo que nadie discute, así como para redistribuir la riqueza, elemento éste sí discutido por gran parte de las sociedades en cuanto más que una redistribución, muchas veces se torna en una dilapidación de recursos mal administrados o con elevados costos de administración, orientados a favorecer a determinados sectores, en perjuicio de otros que han obtenido un rédito legítimo a su esfuerzo.

Las distintas concepciones jurídico-políticas llevan a adoptar medidas más o menos liberales o intervencionistas. Con la globalización los estados más fuertes avanzan extraterritorialmente, arrasando derechos individuales, presionando a los gobiernos con mayor avidez por “figurar y ser aceptados en el concierto internacional” a suscribir acuerdos, dando satisfacción a caprichos fiscales de los más poderosos.

Es en cierto modo comprensible, que el Uruguay intente tener una posición armoniosa en el contexto internacional, pero cuanto más se accede a las exigencias de gobernantes y jueces extranjeros, menor será el interés de los inversores extranjeros en elegir al Uruguay como país receptor de capitales. Claro que la posibilidad de perder la privacidad no es el único, ni el más relevante de los aspectos a tomar en cuenta a la hora de invertir en un país, pero sí es un elemento a considerar, máxime cuando en los países de origen las administraciones gobernantes son arbitrarias y tienen actitudes confiscatorias.

No cumplir con estándares internacionales puede ser un obstáculo para recibir inversión extranjera, pero sin protección de los legítimos derechos de los inversores tampoco se logrará atraerla.

El equilibrio es difícil pero los gobiernos deben dar sus batallas dentro de los organismos internacionales y en todos los acuerdos que se suscriban de modo de proteger, en primer lugar al propio país y sus connacionales, antes que a los fiscos ajenos.

Amedrentar al inversor extranjero, sea cual sea la rama en que desee establecerse, es nefasto para la economía de un país. Mientras los capitales se destinen a actividades lícitas, bienvenidos sean, desarrollarán actividad económica y con ella mejorará la ocupación y no habrá de temer que se desarrolle un mercado financiero y de capitales sano, controlado por normas adecuadas, que permita que el dinero ingrese al país, se invierta y produzca mayor riqueza que permee naturalmente a la sociedad.

Aspectos como la flexibilización del secreto bancario y el intercambio de información, sin orden judicial previa, pueden constituir un camino sin retorno a la hora de perder el flujo de capitales hacia el Uruguay. El Uruguay tiene un activo de confianza que no debiera perder por quedar bien con los fiscos extranjeros, llegando a violentar su trayectoria de preservar garantías individuales como el derecho a oponerse a un requerimiento de una autoridad extranjera, amparándose en el debido proceso, consagrado en la Constitución de la República.