La ley de cuota femenina vuelve al ruedo, esta vez para quedarse, sin fecha de vencimiento. Vamos de mal en peor.

La primera pregunta que cabe es quiénes ocuparán los lugares destinados a la cuota en las listas, ¿serán aquellas mujeres a quienes la naturaleza las formó como tales? o ¿también podrán incluirse en la cuota las señoras que devinieron tales por elección propia, habiendo nacido como integrantes del sexo masculino? ¿Se cumpliría así el espíritu de la ley? Si la respuesta es negativa, ¿no sería un caso de discriminación dentro de la pretendida no discriminación?

En otras palabras, ¿el próximo paso será imponer la reserva de lugares en las listas para otras categorías en las que la población quiera definirse y alegar que se les discrimina? El Uruguay ha consagrado la no discriminación tanto en la Constitución de la República como en las leyes nacionales y los tratados que ha ratificado en la materia.

La ley de cuota, expresión clara de discriminación, que solo por eso no debiera existir, no es más que la preferencia de algunos grupos de presión calificados como "políticamente correctos", sobre otros menos combativos y que son la mayoría social.

Las mujeres no tienen ninguna limitación exógena, legal o social, para que ocupen lugares en el parlamento o la política y por tanto, solo su capacidad, conocimiento, preparación y dedicación debieran ser los aspectos que las llevaran a ocupar cargos de tal responsabilidad y honor.

De hecho, recientemente a una abogada joven le ha tocado ocupar un lugar en el Senado de la República, tema nada menor, por ser relativamente joven y por cubrir una necesidad evidente, cual es la de tener gente preparada en derecho en el poder legislativo.

Poco se ha mencionado en la prensa sobre sus antecedentes profesionales, por el contrario mucho hincapié se ha hecho sobre su condición de transexual, cuestión esta que no parece ser de gran importancia para el desempeño de la función.

En definitiva, poco a poco la labor legislativa va perdiendo la importancia que debiera tener, la de delinear las normas en las cuales se enmarque la sociedad toda para una mejor convivencia. Cada individuo tiene su propia historia, más allá de su sexo u orientación sexual. Algunos, por ejemplo, tienen un origen muy humilde y han tenido que luchar duro para acceder a ciertas posiciones; ¿qué pensaríamos si el día de mañana fuera obligatorio que personas provenientes de este u otro barrio tuvieran derecho, por ese solo aspecto, de ocupar una banca?

Ser legislador no es un premio que haya que dársele a nadie, como parece hoy haberse convertido con el reparto de la representación política. Los parlamentarios deben representar a la población, y por definición eso implica que no han de representarse a sí mismos o a sus propios intereses o los del colectivo que integran. Sí, por supuesto, las diferentes ópticas de cada uno, aplicadas a la labor legislativa, son enriquecedoras y sí también es beneficioso que personas de diferentes orígenes y condiciones realicen sus aportes para lograr un trabajo más representativo de la sociedad. Sin embargo, esa diversidad cuando es impuesta deja de ser positiva, para tornarse en abusiva de quienes se ven amparados por ella.

No hay razón alguna para la aprobación de la ley de cuota femenina, aunque ya es un hecho. Con la sanción de la misma se abre una interrogante que no tiene una respuesta. ¿Y después qué?