Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Y dale Juana...

Y dale Juana, con espantar a los capitales. Estos vendrán si les conviene, si tienen tranquilidad institucional y laboral, una justicia independiente y rentabilidad adecuada. Lejos de caminar hacia eso, el Uruguay avanza en sistemas inquisitivos para constituirse en el adalid del antilavado.

Cualquier lector podría pensar que eso es correcto. Lo sería si el concepto de lavado de dinero estuviera asociado a la inclusión en el mercado formal de dinero obtenido de delitos tales como el terrorismo, el comercio de estupefacientes o de armas, trata de personas, corrupción y cualquier otro acto ilícito.

Resulta que no, con la nueva ley 19.574 basta con no poder expresar el origen del dinero para que se considere que existe lavado, es decir que ya no se puede atesorar dinero en la propia casa o comercio porque ya no podría usarse sin ser acusado de lavado. Esto es un verdadero desquicio, se limitan las libertades en contra total de las disposiciones de la Constitución de la República que protegen la libertad, previendo que esta sólo puede ser limitada por ley y por razones de interés general. Sumado a ello, las facultades otorgadas a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son absolutamente exorbitantes.

Nadie quiere proteger al terrorismo, a los narcotraficantes, a tratantes de personas o comerciantes de armas, pero lo que se inició como un combate a dichos ilícitos y sin duda en beneficio del interés general de los habitantes, derivó en el odio hacia el flujo libre de los capitales. Si un nacional de otro país quiere invertir en Uruguay con ingresos legítimos, escapando de la volatilidad, incertidumbre o alta presión tributaria, no le recibimos los fondos sin antes investigarlo con la presunción a priori del lavado. Esto se ha tornado en un camino perverso que tiene por resultado que el beneficio de la inversión, en vez de quedar en Uruguay, se vaya hacia otros estados en los cuales se puedan obtener los retornos esperados, sin ser objeto de la inquisición.

Por algún complejo inexplicable, queremos ser los mejores alumnos de la OCDE. Hacer los deberes para sacar la mejor nota en los exámenes de los que somos objeto por la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre lavado de activos en Sud América) y evitar los colores negros y grises con los que nos amenazan incluir en sus temidas listas.

Aterrados de quedar mal con dichas organizaciones, hemos firmado acuerdos con un sinnúmero de países con los que nos hemos obligado a entregar información de sus connacionales al precio de perder inversión y con la contrapartida de esperar vernos incluidos en las blancas listas.

Entre fisco y fisco se entienden, pero claro, no tomamos en cuenta que los países ricos que nos presionan tienen sus propios paraísos fiscales que nadie toca y que si empresas o personas uruguayas osan invertir en ellos, serán sancionadas con mayor presión fiscal que si invirtieran en un mercado que las ahogue con impuestos. Como digo, la clave es que sea un fisco que se beneficie y no un privado. Estamos perdiendo la oportunidad de atraer capitales, la historia dirá cuánto hubiéramos crecido si se hubiese permitido el ingreso de los mismos y se invirtiera más en el país, y cuánto se hubiera impulsado la actividad económica mejorando el bienestar de la gente, permitiendo la disminución de la presión fiscal por ampliar la base de contribuyentes.

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