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Competencia de baja calidad

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CASILDA ECHEVARRÍA
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El terror a perder ha hecho que la educación y el decoro queden muy en segundo plano en la carrera hacia la Presidencia de la República.

El interés o la preocupación de la gente en cuanto a la seguridad, el empleo, el cierre de empresas, la educación de los menores y la droga ni siquiera tienen un lugar en los medios, en su lugar un triste teleteatro ocupa un espacio de privilegio en el cual la pelea habla más de quienes vilipendian que de los aludidos.

Será que quienes expresan nimiedades o chicanas no tienen propuesta alguna que presentar a la ciudadanía, triste realidad sería que nadie pensara en la salida de este país del túnel en el que se encuentra.

De los tantos e impropios comentarios a los que me quiero referir, el de denostar la actividad parlamentaria es el que más me preocupa.

Que si alguien asistió a una escuela privada o pública, vive en tal o cual barrio no es más que una discriminación contra la cual tanto se llenan la boca quienes intentan utilizar dichos conceptos como un factor de evaluación negativa.

La discriminación esgrimida en esos u otros aspectos afirmando que solo se considera trabajador quien se ha ganado la vida con trabajos manuales no es más que despreciar el esfuerzo de prepararse y formarse para un mundo laboral que nos toca la puerta en forma insistente y mucho peor que eso es categorizar a las personas por el trabajo que desempeñan. Mucho les gusta a los políticos levantar las banderas de la no discriminación, salvo, claro, cuando ellos discriminan.

Tal parece que haber asistido a una escuela privada no constituye mérito para pretender acceder a la máxima magistratura, me pregunto por qué, entonces si ello es un demérito, a los empleados públicos del Ministerio de Educación y Cultura se les abona un subsidio para que sus hijos concurran a dichos centros de perdición. ¿será para que haya menos competidores en futuras elecciones? ¡Qué sinsentido!

Como dije, de las pretendidas ofensas, la dirigida hacia la actividad parlamentaria es la que marca una luz de alarma. Denigrar dicha actividad es atacar el concepto mismo de democracia republicana, argumentar que haber sido legislador implica no haber trabajado durante el período de desempeño del cargo es ofender lo más profundo de nuestra cultura cívica.

El espíritu dictatorial que asoma con afirmaciones de burla hacia los representantes nacionales es preocupante pero más preocupante es la afirmación en cuanto a que haber sido funcionario público es un mérito en sí mismo; con ello ya llegamos a lo absurdo. Cuántos de los que ocupan cargos solo exhiben como mérito el haber permanecido inactivo en un comité político o resultar amigo de un político de mayor alcurnia.

Los señores representantes son ni más ni menos que eso, personas que han sido elegidas por el voto popular para actuar en nombre de sus votantes y desempeñar no solo las tareas de estudio, análisis y producción de normas jurídicas, sino también las de control, que muchas veces pesan a quienes no desean ser investigados o controlados en nombre de la población.

En vez de transmitir que el desarrollo personal es un aspecto positivo, el mensaje es que para comprender a la gente y saber interpretarla y sobre todo actuar en su favor, hay que, necesariamente, transportarse en ómnibus y marcar presencia en el trabajo con una tarjeta. Pobre, triste y decadente discriminación.

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