Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

¡Ay, la libertad!

Poco queda de la libertad cuando el Estado se inmiscuye en la vida privada de los individuos hurgando en las cuentas bancarias, en orígenes de fondos sin presunciones de ilicitud, complicando los negocios al ahuyentar recursos provenientes de inversores extranjeros, constituyéndose en los paladines de la defensa de los fiscos ajenos. Falta libertad cuando la enseñanza no provee de las herramientas mínimas para un mundo cambiante y la falta de empleo obliga a la emigración.

Se está perdiendo la sensibilidad respecto de la importancia de ser dueño de su destino, ya otros resuelven en qué gastar, y digo bien gastar, entre el 40 y el 50% de nuestros ingresos que el César toma para sí entre impuestos directos e indirectos. Como en un empinado tobogán sin fin, los derechos se deslizan fuera de nuestro dominio y con ellos la valorada libertad se nos escapa de las manos.

Recientemente, contrariando los derechos consagrados constitucionalmente a la propiedad y la libertad de hacer con los bienes propios todo aquello que no signifique un daño para los demás, se sancionó la ley 19.676 que habilita al Mvotma y a la Agencia Nacional de Vivienda a determinar que un bien está vacío o degradado y con un informe de la Intendencia del lugar intimar al dueño del inmueble para que realice un proyecto de rehabilitación.

Este proyecto debe ser aprobado por el respectivo gobierno municipal y luego el propietario tendrá un año para dar cumplimiento al mismo. Y ¿si el dueño estuviera conformado por varios propietarios y no todos tuvieran la misma situación económica? ¿Si simplemente el dueño no tuviera recursos para recuperar el bien? La no realización de la obra prometida da derecho al estado a rematar el inmueble por el 75% del valor de catastro y si en primera vuelta no se consigue comprador, el remate se hará por el 50% del catastro.

Una invasión intolerable al derecho de propiedad y al derecho de libertad, un pasito más hacia el totalitarismo de estado. El acostumbramiento es muy peligroso, poco a poco nos aclimatamos y perdemos la capacidad de crítica. Y así seguimos, también la ley de colonización se modificó, naturalmente contra la libertad individual y sin entrar en el concepto de la ley de colonización, muy discutible. Hasta esta ley 19.577 solo los campos objeto de compraventa debían ofrecerse al Instituto Nacional de Colonización (INC), con lo cual podía donarse a los hijos, como cualquier padre de bien lo haría, sin correr el riesgo de que el INC optare por apropiárselo.

Hoy, aun los predios de hasta 100 has Coneat situados en Canelones deben ofrecerse al INC. Supongamos un propietario que herede un predio y desee permutarlo por otro porque le queda lindero a un predio suyo anterior. En caso que el INC quiera ejercer la acción de comprar uno de los predios, hay un productor que pierde la posibilidad de unificar sus padrones. En el texto de la ley nada parece tan gravoso, pero cuando se baja al nivel de la realidad, la restricción a la libertad es notoriamente manifiesta.

Preservarla es la base de una democracia sana, cuidémosla y si es necesario tengamos el valor de derogar o ajustar aquello que nos constriñe sin promover el bien común.

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