Más allá de motes, la intención de transferir la responsabilidad de quienes no hacen honor a sus deudas hacia aquellos que aprovechan de la estrepitosa caída en la cotización de los bonos argentinos es claramente poco seria.

Más allá de motes, la intención de transferir la responsabilidad de quienes no hacen honor a sus deudas hacia aquellos que aprovechan de la estrepitosa caída en la cotización de los bonos argentinos es claramente poco seria.

Los gobiernos se endeudan por cuenta de sus pueblos, comprometiendo ingresos futuros de estos últimos, lo que podría ser adecuado en caso de uso de los fondos para infraestructura ya que la misma será aprovechada por las generaciones que en definitiva pagarán los créditos. El uso de fondos de crédito para gastos corrientes compromete el pago por quienes no recibirán ningún beneficio por la carga que se les asigna. Entre uno y otro ejemplo hay un sinnúmero de formas de utilización de los créditos más responsable o menos.

Al emitir deuda para financiarse, los Estados se obligan al pago de un valor nominal determinado, en un plazo dado y a un interés fijo o variable según los casos. Los títulos tienen un precio en el mercado secundario directamente asociado a la credibilidad del emisor, es decir según la expectativa que el mercado tenga de cobrar en las mismas condiciones de emisión.

Situaciones que no es del caso exponer en esta columna, pueden llevar a los estados a reestructurar sus deudas en aras de no incurrir en incumplimientos. Las quitas, esperas y adecuación de las condiciones deben ser acordadas entre acreedores y los emisores, al igual que en cualquier renegociación de obligaciones financieras.

Si los estados no pueden hacer frente a sus obligaciones y no llegan a acuerdos con sus acreedores en forma global o parcial se produce el incumplimiento (default) y naturalmente el precio de los valores públicos cae y probablemente lo haga en forma abrupta. Los tenedores sólo quieren deshacerse de ellos, aumentando la oferta en un mercado que sólo los adquirirá a un precio que les permita asumir los costos de esperar y litigar. El hecho de que estos compradores adquieran a un precio más bajo que el valor nominal, no modifica en nada las obligaciones que al emitir la referida deuda haya asumido el Estado.

En el mundo del revés los responsables del empobrecimiento de los tenedores de los títulos son quienes compraron los mismos a valores inferiores a los nominales. Incluso más, esos compradores son los que hoy, según el decir del gobierno argentino, están empujando al país hacia un default por no haber aceptado modificar las condiciones originales de pago. La verdad es, claro, que los mencionados títulos se depreciaron debido a la escasa confianza que merecían en el momento de la crisis de principios de siglo. En aquel entonces los tenedores que vendieron en ese contexto crítico lo hicieron a los precios marcados por el alto riesgo que afectaba la deuda argentina.

Es lamentable que para logar el respaldo de un pueblo, que en su mayoría quizás no llegue a comprender a cabalidad las razones del odio a los holdouts, el gobierno induzca a creer falsedades fomentando la sensación de víctimas frente a poderes incontenibles, arbitrarios y abusivos conocidos como fondos buitres. Más allá de lo que suceda con la deuda externa, que será responsabilidad de quienes tomen las decisiones, lo grave es el sentimiento de irresponsabilidad por las obligaciones asumidas y el odio que permea desde el gobierno, sentimientos que alejan aún más la posibilidad de desarrollo sano de un país.