El debate sobre la ley que prohíbe la publicidad electoral hasta 30 días antes de las elecciones parece no tener fin.

Ahora se agrega un nuevo capítulo: el diputado Ope Pasquet presentará un proyecto para fijar sanciones económicas por el incumplimiento de la norma, con multas a los infractores de 50 a 10.000 unidades reajustables.

Se me podría acusar de ser una voz interesada en la derogación de esta limitación legal, que considero absurda, porque desde hace más de treinta años asesoro en comunicación a candidatos y partidos. Pero su vigencia no me va a dejar sin trabajo, porque las oportunidades que tienen los grupos políticos de comunicarse con la sociedad van mucho más allá de los medios que delimita la ley (televisión, prensa y radio).

Nada impide a los candidatos contratar carteles de publicidad exterior (prácticamente todos lo están haciendo) y ni que hablar de los nuevos medios por excelencia, que constituyen los portales de internet y las redes sociales.

Esa permisividad de la norma con dos soportes que hoy por hoy tienen mucha más cobertura que los que prohíbe, ya marca de por sí su carácter obsoleto. Se me dirá que el legislador se propuso en aquel momento ahorrar gastos a los partidos y con ello equilibrar las chances de los que tienen más recursos con los que carecen de ellos. Pero entonces debió prohibir toda contratación de medios y no solo la de algunos. En realidad, el argumento se cae solo, porque además de exceptuar soportes que no son nada baratos, la ley inventa el artilugio de excluir de la limitación las convocatorias a actos políticos. Entonces a los partidos que quieren pautar en televisión, les alcanza con agregar en los segundos finales de su spot un simple sobreimpreso que diga “gran acto en tal fecha, en tal lugar”, como hizo el oficialismo en el reciente video de la niña orgullosa de haber nacido en la era frenteamplista.

Otra cuenta de este rosario de incoherencias es que los grandes carteles de vía pública están autorizados, pero las pequeñas “columneras” no, según una ordenanza municipal. Por allí andan algunos diligentes funcionarios de la Intendencia arrancando cartelitos de cartón plast, mientras la basura desborda los contenedores sin que a ninguno le mueva un pelo.

Si la norma tiene tantos y tan grandes agujeros, ¿qué sentido tiene mantenerla? Peor aún: ¿para qué agravarla con sanciones económicas? ¿Les gusta limitar la libertad de expresión? Háganlo si quieren, pero háganlo en serio: extiendan la prohibición a todos los medios masivos y digitales. Deroguen el subterfugio de las convocatorias a los actos. Incluso pueden legislar para que los medios periodísticos asignen la misma cantidad de segundos y centímetros a cada candidato, no sea cosa que se sospeche que alguno sale más de lo debido porque paga para ello. Llevar esa lógica a estos extremos revela el grado de absurdo de las medidas como esta, que caen en el contrasentido de pretender proteger la democracia, limitando libertades.

Se quejan de las llamadas fake news, sin darse cuenta que obstaculizando el libre uso de la comunicación tradicional, lo que hacen es estimular esas formas espurias de publicidad encubierta. Mensajes irresponsables, que no llevan la firma de nadie, generalmente engañosos y malintencionados, que además empobrecen el debate de ideas y estimulan los peores reflejos autoritarios y antidemocráticos.

Vivimos en un país que supo ser una democracia ejemplar, donde se discutía de política en los cafés y la cultura llegaba a todos los sectores de la sociedad. Un poco por la bomba oscurantista de la dictadura y otro poco por el aggiornamento a estos nuevos tiempos de consumismo vacío y relativismo cultural, hoy somos una sociedad partida, con grupos de presión que tiran cada uno para sí, intelectuales que se acomodan al pensamiento único y una ausencia pasmosa de responsabilidad ciudadana.

En la tradicional casa de 18 y Yaguarón, ex sede del diario El Día, donde antes había máquinas de escribir paridoras de justicia social, hoy hay maquinitas tragamonedas.

Los antiguos programas políticos de televisión, donde un enérgico Sanguinetti no le concedía el corte a Néber Araújo para responder aquella carta de Wilson Ferreira desde la prisión, ahora pasan a emitirse de madrugada o directamente desaparecen. Lo único que rinde en términos de rating es el debate estilo circo romano, cuanto más vociferante y agresivo, mejor.

Y resulta que pudiendo tener espacios publicitarios en los canales cargados de mensajes políticos, de críticas a la realidad actual y propuestas de cambio, hay una ley que los expulsa de la pantalla, para dejarle el protagonismo a spots de mayonesas y detergentes.

Es la misma ley que, con su celo restrictivo, libera esas tandas comerciales para que las usen Presidencia y las empresas públicas, con su autobombo financiado por el Estado.

Después no nos sorprendamos cuando una encuesta advierte que un porcentaje cada vez mayor de los uruguayos descree del sistema democrático. Parece que estuviéramos trabajando para eso.