Desde su finalización en Viena el pasado 14 de julio, el Plan Conjunto de Acción General, el acuerdo nuclear entre Irán y los P5 + 1 países ha sido el foco de atención y debate de la comunidad internacional como esfuerzo para la no proliferación de armas nucleares.
Desde su finalización en Viena el pasado 14 de julio, el Plan Conjunto de Acción General, el acuerdo nuclear entre Irán y los P5 + 1 países ha sido el foco de atención y debate de la comunidad internacional como esfuerzo para la no proliferación de armas nucleares.
El acuerdo existente tiene muchas características positivas, incluyendo muy fuertes restricciones a la capacidad de enriquecimiento y la producción de plutonio durante 15 años.
El sistema de seguimiento es riguroso para toda la cadena de enriquecimiento de uranio, también se acordó un mecanismo de solución de controversias para garantizar el acceso de la IAEA (Organización Internacional de Energía Atómica) a los sitios sospechosos en cualquier parte de Irán, y una cifra sin precedentes de procedimientos para restaurar automáticamente las sanciones en caso de violación iraní.
Pero como cualquier negociación, el acuerdo nuclear es un producto de compromisos.
Inevitablemente se queda corto en los resultados ideales en algunos aspectos notables. Por ejemplo, habría sido mejor que la restricción de enriquecimiento durara mucho más de 15 años.
Por otra parte, con su singular enfoque en el imperativo inmediato de bloquear la adquisición de armas nucleares, no busca hacer frente a otros retos planteados por Irán, en particular los diseños propios de Teherán.
Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera de superar las imperfecciones del acuerdo y los desafíos que no están cubiertos por el trato? La respuesta no es tratar de renegociar el acuerdo actual, es complementarlo con políticas que puedan reforzar su contribución general a los intereses de seguridad de todos nosotros los estados miembros de las Naciones Unidas.
La administración del tratado debe construir activamente el apoyo internacional para la aplicación rigurosa, trabajando con socios claves para establecer planes de contingencia para la coordinada reimposición de sanciones en caso de violaciones iraníes.
Además, para contrarrestar posibles intentos iraníes para retrasar el acceso de la IAEA a instalaciones sospechosas y ocultar pruebas incriminatorias a los inspectores, los Estados Unidos deben compartir información de inteligencia con la IAEA y otros estados sobre las actividades sospechosas. Estar atento a cualquier esfuerzo iraní para sanear los sitios antes de la llegada de los inspectores, y debe estar preparado para ir directamente al Consejo de Seguridad, sin esperar al acceso de la IAEA, cuando esté justificado por la gravedad y el tiempo-urgencia de la conducta ilícita iraní.
Por otra parte, en respuesta a las preocupaciones no resueltas sobre el trabajo nuclear pasado de Irán, los países signatarios del tratado deberían establecer que la detección de las actividades de fabricación de armas iraníes es una máxima prioridad de sus respectivos servicios de inteligencia. Y deben apoyar a la IAEA para mantener el tema militarización en revisión, ya que consideramos que la conclusión más amplia sobre la naturaleza del programa nuclear de Teherán proporcionará la base para una futura decisión sobre la terminación y no solo la suspensión de las sanciones estadounidenses.
También resulta importante que los países firmantes del tratado presionen a potenciales gobiernos proveedores de tecnología nuclear para cumplir con renovados bríos las prohibiciones del Consejo de Seguridad sobre la transferencia de armas convencionales y tecnología de misiles balísticos a Irán. Intensificar los esfuerzos para interceptar cargamentos ilícitos hacia y desde Irán, y fortalecer las capacidades de defensa militar a los países del Golfo para evitar un cambio adverso en el equilibrio militar regional.
Para disuadir a Irán de la decisión de construir armas nucleares una vez que las restricciones a su capacidad nuclear expiren después de 15 años, los presidentes de los países del tratado, con el respaldo formal de sus respectivos congresos, deben comprometerse públicamente a impedir que Irán adquiera armas nucleares por los medios que sean necesarios, incluyendo la fuerza militar, para hacer cumplir ese compromiso.
En último lugar, mientras que Estados Unidos y sus socios regionales deben dar la bienvenida a cualquier interés genuino iraní en la resolución de disputas por vía diplomática, deben permanecer vigilantes contra el uso de Irán de los fondos liberados de cuentas en el extranjero restringidas para armar, entrenar y financiar a sus socios políticos. Deben movilizar su recursos económicos colectivos y capacidades militares, que son mucho mayores que los de Irán, en una estrategia coordinada para frustrar cualquier esfuerzo de Irán para desestabilizar y dominar la región.
Un fuerte compromiso de las naciones firmantes a permanecer comprometidos militar y diplomáticamente en la región será indispensable en la reconstrucción de la confianza de la misma y para tranquilizar a la comunidad internacional de que el acuerdo nuclear no afectará negativamente a sus intereses.
Ninguna de estas políticas complementarias están restringidas por el acuerdo nuclear con Irán, y ninguno exige su renegociación. Ellas pueden ayudar a superar las deficiencias de la oferta y los retos, los temas no cubiertos por el acuerdo y pueden hacerlo sin correr los riesgos graves de lo que sería un esfuerzo inútil para negociar el “mejor trato ideal” que los críticos al presente tratado defienden.
En lugar de rechazar el acuerdo sobre la mesa, el Congreso de los Estados Unidos deberían trabajar con la administración en una serie de políticas complementarias que, junto con la sólida base proporcionada por el acuerdo en sí, pueda impedir que Irán se convierta en un estado con armas nucleares en un futuro previsible y servir a los intereses de la seguridad de la comunidad internacional.