Antonio Mercader
Antonio Mercader

El "superávit" de Daniel Martínez

Si usted tiene una gran empresa que obtuvo ganancias este año, pero que al mismo tiempo debe más de 200 millones de dólares, no puede decir que tiene superávit.

Si a eso le agrega que tiene un déficit de 100 millones de dólares acumulado en años de gestión, tampoco puede lanzar las campanas al viento ufanándose por el resultado positivo que alcanzó este año. Lo más probable es que al final, cercado por sus acreedores, se declare en bancarrota y vaya a la quiebra.

Y bien, esto es lo que ocurre con la intendencia de Montevideo, que por segun-do año consecutivo proclama —para sorpresa de todos— que tuvo superávit. Superávit de qué, preguntó el diputado blanco Martín Lema, denunciante de esta situación, cifras incluidas.

La pregunta corresponde porque desde aquel Tabaré Vázquez intendente hasta la fecha, ninguno de sus sucesores se atrevió a hacer tanta ostentación de optimismo. El caso de esta intendencia se agrava además, porque anuncia que aprovecharía sus ganancias para rebajar tributos o hacer obras.

Ante esa iniciativa, citando el artículo 302 de la Constitución, Lema recuerda que para los gobiernos departamentales "todo superávit deberá ser íntegramente aplicado" a pagar sus obligaciones. Si tiene plata que pague sus deudas como se le exige a cualquier empresario.

El texto constitucional es claro y con una lógica de hierro: si la comuna capitalina tiene un superávit está obligada, como cualquier empresa, a amortizar sus deudas y a reducir su déficit. Obrar de otra forma es inconstitucional y las autoridades municipales deben saberlo.

¿Por qué entonces salen a batir palmas? La única explicación es política: están tratando de presentar al intendente Daniel Martínez como un gran administrador, una suerte de genio de las finanzas que en tres años hizo lo que jamás lograron sus antecesores.

Y aunque no cabe duda de que Martínez es mejor gestor que su predecesora, la realidad indica que está lejos de convertir a la intendencia de Montevideo en una institución eficiente. Ese es un antecedente que no lo favorece en su carrera como candidato del Frente Amplio, por más que sus voceros digan que este año ganó 20 millones de dólares.

Detrás de esa ganancia, no está de más recordarlo, hay nuevos ingresos, entre ellos la percepción de las multas impuestas a los transgreso-res de las normas de tráfico. Sin negar que había que tomar medidas para ordenar la circulación de vehículos en la capital, se nota un afán recaudador desmedido pues se cobran multas a través de auténticas emboscadas al conductor.

Por citar una de las más celebres, ahí está la obligación de reducir la velocidad a menos de 60 kilómetros por hora en la bajada de Coímbra para los que se dirigen al centro. Esa es una ventanilla recaudadora que atenta contra el sentido común, la ley de la gravedad y los frenos de los coches.

Martínez tiene todo el derecho a presentar su candi-datura el año que viene en las internas del Frente Am-plio (a pesar del veto de José Mujica).

A lo que no tiene derecho en cambio, es a propiciar una violación de la Constitución y a pregonar una solvencia económico-financiera en donde no la hay.

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