Tabaré Vázquez anunció que habrá frecuentes cadenas de radio y televisión para contrarrestar lo que considera información “ladeada” contra su gobierno. El primero de esos discursos será de la ministra Eneida de León quien hablará de cuidar el medio ambiente. Ojalá que comente en la ocasión el (in)cumplimiento de las promesas del Frente Amplio respecto al agua potable.

Tabaré Vázquez anunció que habrá frecuentes cadenas de radio y televisión para contrarrestar lo que considera información “ladeada” contra su gobierno. El primero de esos discursos será de la ministra Eneida de León quien hablará de cuidar el medio ambiente. Ojalá que comente en la ocasión el (in)cumplimiento de las promesas del Frente Amplio respecto al agua potable.

Para ayudarla a recordar hay que volver al 2004, vísperas de la llegada del FA al poder, cuando la coalición de izquierda, arropada por un enjambre de ONG, lanzó una campaña “en defensa del agua” a la que juzgaba amenazada por las privatizaciones. Así logró teñir aquellas elecciones con el plebiscito de reforma constitucional que al triunfar le añadió al artículo 47 de la Constitución una página de obligaciones del Estado, encargado exclusivo de suministrar el vital elemento.

Entre esas nuevas tareas está la de conservar “los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico” así como proteger las cuencas “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. Al asumir en 2005 Tabaré Vázquez proclamó que cumpliría el mandato constitucional en medio de la ola de entusiasmo ecologista que acompañó su entrada a Casa de Gobierno.

Aquella fiebre se calmó rápido. Los deberes constitucionales fueron olvidados en su mayor parte y pocos se acordaron de controlar el estado de cuencas esenciales como la del Santa Lucía que abastece a dos millones de personas y distribuye el 95% del agua de OSE. Pasado el primer gobierno de Vázquez y promediando el de su sucesor, José Mujica, la situación empezó a hacer crisis con el alud de denuncias de ciudadanos disgustados por el mal sabor y peor olor del líquido que despedían las canillas.

Se supo entonces que el auge de la agricultura y la acción incontrolada de industrias instaladas en las riberas de ese río deterioraron la calidad del agua. Mediciones oficiales revelaron que la concentración de fósforo, por ejemplo, era del doble de lo aceptable. Todo lo cual confirmó que el deber constitucional del Estado de abastecer de “agua para consumo humano” fue incumplido y que razones de “orden económico” primaron sobre las necesidades de la gente.

Ahora está claro que una vez aprobado el plebiscito del 2004 -notoriamente inspirado por el sindicato de OSE para frenar la competencia de los privados- la preocupación por el asunto quedó relegada como si lo único importante hubiera sido blindar para siempre el sagrado monopolio estatal del agua. En tanto, el coro de las ONG que tanto clamó por el agua y que denunció a supuestas multinacionales que codiciaban nuestra porción del acuífero Guaraní, guardó silencio.

Atento a la grave situación, al empezar su segundo mandato Vázquez pidió más atención sobre el Santa Lucía. Una tarea pendiente era controlar que 23 empresas de la cuenca no siguieran contaminando. Aunque se las intimó hace casi tres años solo 14 de ellas acataron, pero las restantes no. Sobre ellas cargará la ministra de León y también procurará vedar el uso de agroquímicos en los campos costeros, es decir que, con una década de retraso, el FA cumplirá con el plebiscito del agua. ¿De eso nos hablará la ministra en la cadena nacional?