Antonio Mercader
Antonio Mercader

Un Estado lleno de periodistas

Entre el ruido de las elecciones en el FA y el forcejeo por los votos para aprobar la Rendición de Cuentas pasó casi desapercibida una mala noticia para nuestro sistema democrático: que más de 1.000 comunicadores son además funcionarios públicos.

Entre el ruido de las elecciones en el FA y el forcejeo por los votos para aprobar la Rendición de Cuentas pasó casi desapercibida una mala noticia para nuestro sistema democrático: que más de 1.000 comunicadores son además funcionarios públicos.

Eso significa que uno de cada tres profesionales de la comunicación dependen en alguna medida de los poderes públicos según investigó el programa radial “Rompekbzas” de El Espectador.

Hay casi 200 trabajando para el Poder Ejecutivo incluidos los ministerios, una cifra tan alta como difícil de justificar para un gobierno que se queja de la mala comunicación de sus actos.

Hay 110 profesionales en planillas de TV Ciudad, el canal de la intendencia montevideana cuyo bajo rating le hace justicia a la calidad de su programación.

En cambio TNU, el canal estatal, que se supone más relevante que el municipal, tiene 57 comunicadores, o sea la mitad, un dato que desnuda el despropósito del canal financiado por los montevideanos.

Antel con 38 periodistas y OSE con 28 encabezan la lista entre las empresas públicas, y sería muy bueno saber por qué.

Hay más noticias en la valiosa pesquisa de “Rompekbzas” -que evitó dar nombres de los comunicadores en cuestión, algunos de ellos muy conocidos por la población- pero con lo dicho alcanza para medir la gravedad del tema.

Por un lado está la censurable inflación burocrática que delatan las cifras como por ejemplo, 63 periodistas en Presidencia de la República. Por otro, en ciertos casos hay cuestiones de ética profesional que deberían llamar a la reflexión.

Un principio universal en la materia afirma la independencia del periodista de toda subordinación con factores de poder capaces de inducirlo a sesgar sus mensajes.

Ese principio resalta cuando la subordinación se da con instituciones públicas cuya observación y control es una de las labores prioritarias del comunicador.

Tan así es que el código de ética de la Asociación de la Prensa Uruguaya, en su artículo 27, señala que “es recomendable evitar el desempeño simultáneo de otras tareas remuneradas vinculadas a la comunicación en dependencias de cualquier organismo público...”

La mayoría de los códigos de conducta periodística de otros países se pronuncian contra esa doble vinculación que puede apartar al comunicador del deber de veracidad que contrajo con la opinión pública.

Es cierto que en el caso uruguayo se aclara que ninguno de los profesionales que actúan en Presidencia de la República trabajan a la vez en medios de comunicación. Pero faltan similares aclaraciones de otros organismos estatales que cuentan en sus filas con otros periodistas que quizás están activos en los medios en este mismo momento, lo que abre interrogantes sobre su independencia y neutralidad.

En un país gobernado desde hace once años por la misma fuerza política que abarrotó de comunicadores las dependencias estatales hay derecho a ponerse suspicaz y a pedir más aclaraciones sobre el asunto.

Está en juego nada menos que el derecho que tienen los ciudadanos de una democracia a estar bien informados.

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