En ciudades de todo el país hay ciudadanos que se organizan para cumplir una función que el Estado no cumple: dar seguridad. La mayoría de estos grupos vigila los barrios a ciertas horas para lograr una reducción de los delitos. En general tienen éxito.

Conocen su zona, captan mejor que nadie los movimientos sospechosos y la actitud de extraños prestos a delinquir. Son las patrullas vecinales que en su mayoría trabajan en silencio, en tanto otras —más llamativas como la de Toledo— reciben presiones de las autoridades. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, busca desalentarlas y pide que suspendan sus actividades.

¿Por qué?

Para empezar el ministro y su gente deben repasar el artículo 10 de la Constitución que dice que "ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe". Que se sepa no hay norma que prohíba a los particulares custodiar su vecindario. Se trata de ciudadanos cansados de padecer las fechorías de los delincuentes. Se juntan para defender sus propiedades y hasta sus vidas, algo que tendría que hacer el Estado. El problema es que no lo hace como debiera.

Esta falla no es exclusiva de Uruguay. Tampoco lo es la formación de grupos privados que velan por el sueño de sus vecinos. En general lo hacen en acuerdo con las autoridades que en vez de perseguirlos buscan coordinar acciones con ellos. Ocurre en Italia, España, Estados Unidos y otros países. Los llaman policía comunitaria. No usan armas, suelen actuar en zonas peligrosas y trabajan en contacto con la policía que los ve como auxiliares.

En todo caso no los ven como enemigos o competidores ni como bandas civiles cuya acción denuncia el fracaso de las autoridades. A veces, es cierto, se mueven en una zona gris, debido a que carecen legalmente de potestades. Por eso, en algunos países existen normas que regulan su gestión. Lo raro es que encuentren oposición de la policía o la sospecha de que se organizan con objetivos ocultos. Eso es lo que sugirió la vicepresidente, Lucía Topolansky, quien refiriéndose a las patrullas de Toledo se extrañó porque sus integrantes "compraron chalecos y equipos para patrullar". Suspicaz, añadió que "tienen que tener un financiamiento" y se preguntó "¿hay algo más?". He aquí otra vez la teoría del complot, obsesión de algunos sectores de izquierda.

Reacciones como las de Topolansky o Bonomi son como un reflejo defensivo porque se sienten incapaces no solo de brindar seguridad, sino de asimilar estos intentos de cooperación de la sociedad civil. Intentos aceptados en otros países al punto que los reconocen hasta las Naciones Unidas. En efecto, así lo hizo esa organización en un análisis sobre el tema titulado "Seguridad ciudadana con rostro humano" incluido en el Informe de Desarrollo Humano (2013-2014) de dicha organización. Allí se pondera la intervención de los vecinos víctimas de inseguridad y se brindan recomendaciones al respecto.

Encabezando ese informe —y por tanto suscribiéndolo— se menciona un Consejo Consultivo integrado, entre otros, por un tal Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay. Topolansky y Bonomi ya tienen a quien preguntarle por qué son aceptables las patrullas vecinales.