Así como la reforma del puerto de Montevideo, de la seguridad social y otras más se hicieron contra la voluntad de los gremios, hay otras reformas pendientes en el país frenadas por el poder sindical.

Así como la reforma del puerto de Montevideo, de la seguridad social y otras más se hicieron contra la voluntad de los gremios, hay otras reformas pendientes en el país frenadas por el poder sindical.

Un poder tan fuerte que en el caso de la enseñanza llevó a un presidente, José Mujica, a confesar que la única manera de rescatar la educación uruguaya es destruyendo a los gremios que la manejan. Así de sólida parece ser la resistencia sindical a los cambios, un asunto que tarde o temprano deberá resolver el país y el conjunto de su sistema político.

Un ejemplo representativo de esa aptitud para trabar cualquier intento de reforma es el pequeño gremio de Afe, la Unión Ferroviaria (UF), que ya capeó los intentos de recuperación del ente realizados por dos gobiernos consecutivos del Frente Amplio y que ahora intenta hacerlo con el tercero. La historia empezó una década atrás cuando Tabaré Vázquez quiso poner los trenes a cargo de una sociedad anónima y la UF lo bloqueó al grito de “¡no a la privatización!”. Después llegó Mujica, quien aseguró que en dos años habría “trenes de carga circulando por el país a 60 kilómetros por hora”.
Si lo de Vázquez fue un proyecto con medias tintas hay que admitir que Mujica se comprometió más a fondo con el tema. Tanto que viajó al País Vasco y a China a negociar inversiones para Afe. En ambos sitios le pidieron garantías para esas inversiones y la certeza de que los inversores no tropezarían con la resistencia del gremio ferroviario. Se habló incluso de traer trabajadores chinos para la reparación de las vías y la puesta a punto de todo el sistema como forma de solucionar el dilema de los recursos humanos en juego. No funcionó.

La UF se hizo fuerte detrás de un lema vigente hasta la fecha: ninguno de sus afiliados aceptará perder la condición de empleado público para regirse por normas del derecho privado (que entre otras cosas incluyen la posibilidad del despido). Del millar y poco de funcionarios de Afe solo algunos aceptaron jubilarse con incentivos y otros pasaron a desempeñarse en diferentes servicios del Estado. El resto permanece como amarrado al palo mayor de un barco que se hunde dado que el ente registra uno de los tonelajes de cargas más reducidos de su historia.

AFE cuenta ahora con un nuevo presidente rebosante de ideas y entusiasmo aunque desde la UF ya le advirtieron que si transfiere la operación de carga a la ya creada empresa Servicios Logísticos Ferroviarios, los funcionarios rechazarán de plano la idea de regirse por el derecho privado. De ahí que esa empresa cuente con apenas cuatro empleados, una cifra ridícula que revela la eficacia de un gremio al bloquear iniciativas indeseadas con campañas que no reparan en tildar a los “compañeros” reformistas de “neoliberales” y “privatizadores”, adjetivos que equivalen a la excomunión de todo frenteamplista que se precie.

Tan eficaz ha probado ser esa campaña de la UF que la semiprivatización de Afe circula con más lentitud que sus viejos trenes. Aunque esto ocurre en un ente menor, pero significativo a nivel de los recursos logísticos que Uruguay necesita, lo mismo pasa con los intentos por modernizar el Estado bloqueados por gremios que alzan su poder de veto. Una historia que amenaza eternizarse mientras gobierne el país una fuerza política demasiado complaciente con el poder sindical.