Es una lástima que el Frente Amplio se haya opuesto a la presencia en el Parlamento de la fiscal Graciela Fossati.

Es una lástima porque ella podría ampliar su denuncia de que a los fiscales no les gusta investigar a dirigentes políticos o a gobernantes por temor a represalias. Es una afirmación gravísima merecedora de algún tipo de explicación en momentos en que las fiscalías estudian acusaciones contra políticos y eventuales casos de corrupción.

Empero, el FA bloqueó —con pobres argumentos— la llegada de esa fiscal al Palacio Legislativo aunque sí convocó a su superior, el Fiscal de Corte, y a la Asociación de Magistrados, a dar explicaciones. No es lo mismo. La denuncia de Fossati toca un tema muy sensible en momentos en que la opinión pública quiere saber si hubo o no desvíos en la acción de los últimos gobiernos. La sola sugerencia de que los fiscales pueden estar atemorizados al tratar esos casos y que según Fossati ellos o sus familias podrían tener problemas en función de sus decisiones es algo que debería poner en pie de guerra a todo el sistema político. La sombra que se arroja es demasiado grande como para dejarla correr.

La mayoría parlamentaria obtenida por el FA en tres gobiernos consecutivos limitó a la oposición que, en varios episodios, no tuvo otra salida que recurrir a la justicia en busca de aclarar cosas poco claras. Aunque la izquierda descalificó el procedimiento diciendo que promovía la "judicialización de la política", lo cierto es que por esa vía se lograron confirmaciones de las imputaciones hechas a ciertos funcionarios. Así cayó el mito resumido en la frase del inefable Raúl Sendic: "si es corrupto no es de izquierda y si es de izquierda no es corrupto". La realidad demuestra que el fantasma de la corrupción acecha a todos los partidos, sin excepciones, razón por la cual es bueno que los fiscales, representantes de los intereses de la sociedad, puedan actuar con todas las garantías.

El alerta de Fossati no es una fruslería que pueda pasarse por alto. Es cierto que ella viene en una discusión cerrada con su superior, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que la trasladó a un cargo distinto al que venía ocupando. Esa discusión se centra, entre otras cosas, en un nuevo sistema de asignación de competencias a los fiscales que levanta resistencias. Hasta ahora los fiscales intervenían en asuntos de su jurisdicción en ciertas fechas. Un sistema aleatorio en donde nadie podía decir que se elegía a un fiscal para ocuparse de determinado caso. Ahora esa elección podría llegar a ocurrir porque se quiere introducir el criterio de distribuir los expedientes según la carga de trabajo de cada fiscalía. Nadie dice que esa sea la intención de la nueva norma, pero es evidente que ella facilita la posibilidad de que se fleche la adjudicación de algunos casos.

Tanto este nuevo sistema como la denuncia de Fossati merecen atención porque la credibilidad del poder judicial está en juego. El Parlamento tiene una oportunidad para debatir a fondo sobre el tema. Ahí es donde el Frente Amplio debe asegurar todas las garantías para la gestión de los fiscales de modo que nadie pueda insinuar siquiera que alguno de ellos está intimidado por el poder.