Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno la primera reacción de sus ministros de Educación fue sacarse de arriba a los fiscales. Le pasó a Jorge Brovetto que optó por ignorarlos, a Ricardo Ehrlich que apuntó a crear un nuevo ministerio que los incluyera y le pasa hoy a María Julia Muñoz que quiere transferirlos a la Presidencia de la República, lo que es un error.

Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno la primera reacción de sus ministros de Educación fue sacarse de arriba a los fiscales. Le pasó a Jorge Brovetto que optó por ignorarlos, a Ricardo Ehrlich que apuntó a crear un nuevo ministerio que los incluyera y le pasa hoy a María Julia Muñoz que quiere transferirlos a la Presidencia de la República, lo que es un error.

A diferencia de la mayoría de los países, Uruguay carece de un ministerio de justicia que contenga a los fiscales. Lo tuvo una vez, pero en tiempos de dictadura, lo que dejó un recuerdo difícil de borrar. Restaurada la democracia, la solución fue integrarlos como una unidad ejecutora al ministerio de Educación. Allí tienen autonomía técnica en sus funciones en tanto el Fiscal de Corte es titular del servicio y responsable de su administración.

La solución no es perfecta, razón por la cual hay propuestas para reformar ese estatuto extrayendo a los fiscales del ministerio. La última es del Fiscal de Corte partidario de crear una suerte de servicio descentralizado para sacarlos de la órbita del Poder Ejecutivo. Su iniciativa le gustó al gobierno de José Mujica que la refrendó en un proyecto de ley enviado al Parlamento en 2013. El proyecto, no aprobado, se fundó en la idea de alejarlos lo más posible de la influencia del poder político. Una idea compartida por casi todos los reformistas pues la amenaza en la materia es la del gobierno tratando de influir en la justicia a través de los fiscales.

Pese a ello, la futura ministra anuncia que los fiscales se incorporarán por decreto a una “secretaría nacional” dependiente de Presidencia de la República, es decir en la boca del lobo. Una propuesta contraria a lo aconsejable pues en vez de alejarlos del eje del poder político los expone como nunca. Ni que hablar además de los vicios formales como eso de hacerlo por decreto y no por ley (que es lo que corresponde) o inventar una “secretaría nacional”, exótica figura que por más que busquen nadie hallará entre las normas vigentes en el país incluida la Constitución de la República.

Los fiscales son funcionarios públicos no dependientes del Poder Judicial, pero que representan al conjunto de la sociedad en los procedimientos judiciales. Se rigen por una regla de oro que busca ponerlos a resguardo de toda presión sobre sus decisiones. Si tenerlos bajo administración de un ministerio no es lo mejor pues los acerca al riesgo de la injerencia del poder político (injerencia de la que se habló cuando el procesamiento de Fernando Calloia por citar un ejemplo reciente), llevarlos a la Presidencia contradice el sentido común y hasta la opinión del gobierno actual que quería desplazarlos hacia un servicio descentralizado.

Por otra parte, también es objetable la propuesta de Muñoz porque supone reforzar las competencias de la Presidencia con el riesgo de alterar el necesario equilibrio con los otros dos poderes del Estado. Esa concentración de poder, además de inconveniente, coloca a los servicios que están en la órbita presidencial fuera del control parlamentario pues no hay ministro al que los legisladores puedan convocar. Y por si algo le faltara, la iniciativa carece del don de la oportunidad en momentos en que no muy lejos de aquí la relación entre una Presidencia y la muerte de un fiscal conmueven al mundo.