Antonio Mercader
Antonio Mercader

La educación y la autonomía

De la fosa en que está sumida la educación nacional no se saldrá con medias tintas. El problema es de fondo y sólo puede arreglarse con medidas de fondo.

La primera y más importante debería ser un replanteo de la situación de autonomía de los entes de la enseñanza. Una autonomía preservada por la Constitución que luce excesiva por donde se la mire. Tan excesiva es que convirtió al Uruguay en un caso raro en el mundo en donde la incidencia del ministro de Educación en la educación es casi nula. Su única intervención posible es presidir la Comisión Coordinadora de la Enseñanza en donde apenas puede hacer "recomendaciones". Tiene además algunas prerrogativas en la educación superior privada. Y nada más.

De ahí que sea excepcional oír a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, hablando del tema a pesar de que empezó su mandato anunciando su decisión de intervenir en los asuntos educativos. Según la Constitución no puede hacerlo pues cualquier decisión o comentario de su parte podría considerarse violatorio de la sagrada autonomía de esos entes de la enseñanza erigidos como castillos feudales con sus murallas y su puente levadizo. Archiprobado como está que así las cosas no funcionan habría que empezar limitando esa independencia absoluta.

Aunque algunos griten ¡sacrilegio! tarde o temprano habrá que preguntarse por qué un gobierno democráticamente electo no puede alinear a la enseñanza con sus políticas y sus objetivos al punto que un presidente como José Mujica —que declaró que la educación era su triple prioridad— terminó por confesar, resignado, que "no me la llevan". Recuerden a Tabaré Vázquez cuando quiso introducir las ceibalitas y debió hacerlo desde afuera, eludiendo las murallas y los puentes levadizos. El Plan Ceibal, estrella de la primera administración frentista, fue lanzado y manejado desde el LATU, no desde la ANEP. ¿Existe absurdo mayor?

Se dirá que los gobiernos pueden orientar el sistema educativo a través de los directores que designan en los organismos de la enseñanza. La experiencia muestra que no es así por dos razones. La primera es por la regla de nombrar a docentes —regla acentuada por la malhadada ley de 2008— que, como todos saben, tienden a actuar más en defensa de los intereses de su gremio que de cualquier otra cosa. La segunda es el síndrome de aquel que se convence de que su pequeña área de poder es el ombligo del mundo. O su castillito propio en donde no puede entrar nadie.

Así tenemos lo que tenemos en el balance de los tres años que lleva este gobierno. Cuestionamientos constantes a las autoridades de la ANEP y a los Consejos, continuas quejas de la gente, seguidilla de paros docentes (como el del jueves 22/3), horribles cifras de repetición y deserción en los liceos, y el último clavo del ataúd simbolizado por los resultados de las pruebas PISA que suelen situarnos en la cola del ranking mundial con enormes orejas de burro incluidas.

Ante esa realidad podemos seguir con las medias tintas, las buenas intenciones y los intentos de reforma que al final dependen del humor de la corporación docente que puede aceptarlos o no. La otra vía consiste en cuestionar primero y limitar después la exagerada autonomía de los entes de la enseñanza.

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