El año pasado esta columna periodística se declaró indignada porque en la página oficial de la Presidencia de la República en un decreto del gobierno alguien escribió José Gervacio Aritgas para referirse al Prócer. Si ni siquiera se cuida ese nombre poco puede esperarse de los textos de fuente oficial, se decía allí. Las cosas no mejoraron pese a las denuncias sobre errores ortográficos, de sintaxis y de tipeo cometidas por funcionarios públicos en un país donde un expresidente solía decir "puédamos" en vez de podamos.

Es claro que la imagen del gobierno y la del país están en juego en una página oficial de ese calibre. Y huelga decir que la decadencia cultural de una sociedad se mide, entre otras cosas, por la degradación del lenguaje de sus ciudadanos, en particular de quienes representan a las instituciones públicas, esa gente que en teoría debería actuar como un modelo ante la sociedad.

Esa degradación en el uso del idioma en la Administración pública acaba de alcanzar su clímax con el rechazo de un escrito jurídico presentado por ASSE ante un Tribunal de Apelaciones debido a sus horrores gramaticales. Es un caso sin precedentes en donde la barbarie idiomática llega a tal punto que impide aplicar las normas de Derecho. El texto, según dicen, se torna irritante y se vuelve ilegible cuando se escriben disparates como "desarroyo", "ubiera" o "extructura".

Aunque aquí la vergüenza es toda para ASSE, lo inquietante es que no se trata de un caso aislado sino de una constante que empieza por esa página presidencial en donde se hallaron gazapos como "desición" por decisión, "nasional" por nacional o "taza" por tasa como fue denunciado en aquella columna. De ahí para abajo no puede esperarse mucho sobre la calidad de los textos, incluidos los del Parlamento que a veces deslizan inaceptables errores lingüísticos.

Esto ocurre en un país en donde es común oír las quejas de profesores universitarios sobre las dificultades gramaticales de sus alumnos, algo que las últimas pruebas PISA están advirtiendo en Uruguay aunque las autoridades de la ANEP sigan negándolo. Un lenguaje pobre, impreciso y ajeno a las reglas más elementales predomina en las aulas, lo que termina reflejándose en la capacidad de los alumnos de redactar y hasta de captar el significado de un texto sencillo. ¿Cómo estudiar en tales condiciones?

Todo indica que Uruguay tiene un problema de fondo con el español aunque la discusión se entrevere con los debates sobre la necesidad de enseñar en los liceos un segundo idioma o con los desafíos del lenguaje digital. Tiempo atrás los directores de Secundaria anunciaron un plan para mejorar la enseñanza de la lengua, pero hasta ahora, como en tantos otros planes anunciados, no hay noticias al respecto.

De este modo, uno de los países más alfabetizados de América Latina, con antigua fama de albergar una sociedad culta, instruida y bien hablada, viene decayendo a ojos vistas. El gobierno y la Administración pública, ASSE incluida, que debieran dar el ejemplo, incumplen con el elemental deber de comunicar correctamente lo que hacen. Una grave omisión que debe incluirse en el cuadro de progresiva pérdida de valores que hoy padece nuestro país.