Dónde está la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida que una década atrás movilizó a los uruguayos? ¿Dónde están las decenas de ONG nacionales y foráneas que promovieron por el agua un clamoroso plebiscito para reformar la Constitución? Nadie sabe dónde están mientras Maldonado padece la crisis del agua en un país cuya Constitución, reformada en 2004, dice que el agua será administrada por el Estado y solo por el Estado, es decir por OSE.

Dónde está la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida que una década atrás movilizó a los uruguayos? ¿Dónde están las decenas de ONG nacionales y foráneas que promovieron por el agua un clamoroso plebiscito para reformar la Constitución? Nadie sabe dónde están mientras Maldonado padece la crisis del agua en un país cuya Constitución, reformada en 2004, dice que el agua será administrada por el Estado y solo por el Estado, es decir por OSE.

¿Acaso no fue justamente por la gente de Maldonado que se montó aquel tinglado para prohibir el manejo del agua por los privados? ¿No era que el lío empezó por culpa de la multinacional francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (¿o de Bilbao?) que cobraban caro y atendían mal a los fernandinos? Pensando en ellos dos tercios de los uruguayos votaron para estatizar el agua en las mismas elecciones que ungieron a Tabaré Vázquez presidente por primera vez.

El Frente Amplio y su candidato capitalizaron aquel vendaval de buenas intenciones para con el agua, el medio ambiente, el acuífero Guaraní (aquel que nos querían robar los de afuera ¿recuerdan?) y el futuro de un mundo sediento y demandante del vital elemento. Desde entonces ningún pirata de parche y garfio podrá cruzarse en el camino de OSE, la empresa estatal dueña y señora del agua (y también del saneamiento, inaudito monopolio también adjudicado en aquel plebiscito).

Hoy, esa misma OSE santificada por el reformado artículo 47 de la Constitución es incapaz de dar agua pura a los habitantes de Maldonado, aquellos a quienes la mayoría de los uruguayos quisieron salvar de las garras capitalistas en 2004. Y son esos mismos habitantes los que ahora recurren a laboratorios privados para asegurarse que no son truchos los análisis de la pureza del agua que entrega el ente. Al obrar así están violando la Constitución pues los privados están prohibidos en el tema: deben creer en OSE o reventar.

Si los afligidos fernandinos leyeran el artículo 47 sabrían que sus normas nunca se cumplieron. Detrás de la descomposición de Laguna del Sauce (y de la cuenca del Santa Lucía) yace la responsabilidad de dos gobiernos del Frente Amplio que omitieron ocuparse de “la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza”, así como de realizar una “gestión sustentable” dando participación a “los usuarios y la sociedad civil… en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos”. Son obligaciones que los uruguayos introdujeron en la Constitución en el plebiscito del 2004 y pusieron a cargo de OSE y del ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Interpelada en el Parlamento al amparo de la mayoría frentista, la novel ministra reconoció la contaminación de Laguna del Sauce lo que equivale a admitir las omisiones de sus predecesores. Como si fuera un boomerang, la crisis del agua en Maldonado (origen de aquel plebiscito celebrado como un triunfo del FA), se vuelve contra el gobierno de Vázquez quien debió decretar la gratuidad del agua en ese departamento dejando en offside a los directivos del ente que querían rebajar un ridículo 5%.

En tanto, no hay noticias de aquella Comisión de Defensa del Agua y de la Vida, y de su ruidoso cortejo de ONG que hoy deberían volver para defendernos. De OSE y del ministerio, por supuesto.