Ahora que renunció Fernando Calloia después que la Suprema Corte de Justicia confirmó su procesamiento es claro que su nombramiento fue uno de los peores errores, si no el peor, cometido por este gobierno.

Ahora que renunció Fernando Calloia después que la Suprema Corte de Justicia confirmó su procesamiento es claro que su nombramiento fue uno de los peores errores, si no el peor, cometido por este gobierno.

Porque aparte del despropósito de nombrarlo cuando estaba sometido a un proceso penal, la ceremonia en la que Calloia asumió como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo fue una desmesura y quizás algo más...

Un acto ruidoso, matizado por abrazos, palmoteos y repetidas ovaciones a un Calloia exaltado por sus correligionarios -entre ellos un ubicuo José Mujica y un eufórico Danilo Astori- como el paradigma del buen gobernante. Un acto hecho a sabiendas de que en esos días los ministros de la Corte estudiaban el oscuro expediente de Pluna con su secuela del falso remate y el “aval perfecto” del BROU. Justo en ese momento.

El Ejecutivo pudo esperar a conocer el fallo antes de imponer a Calloia en su cargo, aunque más no fuera como expresión de delicadeza ante la inminente decisión de otro Poder estatal. Pudo esperar, pero no lo hizo sino que optó por ungirlo en su cargo con pompa y circunstancia, lo que suscita algunas preguntas.

¿Al obrar de ese modo el gobierno quiso advertirle a la Corte que no osara pronunciarse contra ese dechado de virtudes ya colocado al frente de la Corporación? ¿Quiso comunicarle -o “metacomunicarles”, diría algún semiólogo- que ahí lo pusimos a Calloia y ahí se queda pase lo que pase porque es un hecho consumado? Cualquiera haya sido la intención del gobierno, el nombramiento y el acto de asunción conformaron objetivamente una indebida presión sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

No es la primera vez que eso ocurre desde que el Frente Amplio está en el gobierno. Por de pronto es notoria su preocupación por lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial, una inquietud que no figuraba en su programa cuando era oposición. En estos últimos años, después que se dictaron sentencias que disgustaron a la izquierda, crecieron las críticas y propuestas para reformar ese Poder que, según parece, molesta cada vez más al FA.

Tan así es que el programa de la coalición gobernante en la última campaña electoral anunció que haría las “reformas necesarias en el Poder Judicial” (sin decir cuáles) así como una serie de “cambios institucionales y culturales”(?) en busca de “una mayor transparencia y eficiencia”. Esa fue una forma de señalar el malestar de la izquierda con la justicia, un malestar que ciertos radicales emparentados con el FA expresaron hace unos años en la sede del Poder Judicial arrinconando a gritos y bravatas a los ministros de la Corte en protesta por el traslado de una jueza. Algo nunca visto en el país.

Ahora hay gobernantes que no ocultan su esfuerzo para digerir el fallo contra Calloia y declaran -como si fuera un mérito y no su obligación- que acatan a la Corte. La acatan a regañadientes porque quizás les gustaría tener una justicia dominada, en donde los jueces se ponen y sacan a dedo como sucede en algunos países “amigos” en donde el populismo autoritario campea por sus fueros.

Así las cosas habrá que estar atentos y vigilantes pues está en juego la independencia del Poder Judicial, sostén del Estado de Derecho y freno ante los despropósitos del Ejecutivo.