Tabaré Vázquez hizo su campaña electoral prometiendo que no aumentaría los impuestos.

Tabaré Vázquez hizo su campaña electoral prometiendo que no aumentaría los impuestos.

Aparte de aumentarle el IRAE a las empresas, ahora rompe su promesa con esta suba de tarifas de servicios públicos: un impuesto que castiga a la población y en particular a los sectores de menos recursos.

El agua, la electricidad y el teléfono pesarán más en el presupuesto familiar en este 2016. Un caso llamativo es el de UTE, cuyo presidente había prometido bajar los precios este año y que ahora los acrecienta por encima de la inflación, aunque aclara que no por decisión propia sino por “lineamientos recibidos del Poder Ejecutivo”. Es una confesión de que el gobierno salió a recaudar a tambor batiente.

Así se tira por tierra lo que se dijo sobre el cambio de la matriz energética -energía eólica mediante- y los beneficios que tendría para el consumidor a través de la rebaja de tarifas. La UTE está actuando como si debiera cubrir nuevos costos (¿generados acaso por el uso del viento o las lluvias que repletaron las represas?). El consumidor común, así como las empresas para quienes la energía eléctrica es un rubro importante, tienen pleno derecho a quejarse.

Con relación a OSE también pueden quejarse los usuarios (no se llama cliente a quien no puede elegir). Reciben un producto encarecido cuya calidad está amenazada porque dos gobiernos sucesivos del Frente Amplio incumplieron las obligaciones del plebiscito constitucional del agua que ellos impulsaron en 2004. Una de las obligaciones anexadas entonces al artículo 47 de la Constitución, era velar por el estado de las cuencas hidrológicas, lo que no se hizo. Ahora pagamos el precio de esa omisión no sólo con la factura mensual sino con las dudas sobre la potabilidad del agua.

En cuanto a Antel es injusto anunciar que ajustó tarifas al compás de la inflación porque no es verdad. Algunos de sus servicios tomaron en cuenta el IPC, pero otros como los de Internet, registran subas superiores al 25%. Un exceso que quizás se explique por el caprichito de erigir -y financiar- un “estadio multimodal”, el Antel Arena, lo que no entra ni con calzador entre las atribuciones del ente telefónico.

Por su parte, Ancap no anunció subas -¡bueno sería!- pero el desplome del precio del crudo que se acerca a los 30 dólares por barril (el ente lo estimaba a 50) le impondría rebajar los precios del combustible. Huelga decir que la bancarrota en que se halla -fruto de la desdichada gestión de Raúl Sendic y su elenco de directores y gerentes (aún aferrados a sus cargos)- explica por qué esa caída del petróleo no favorece a los uruguayos que siguen pagando la nafta más cara del mundo.

En suma: la intervención de hecho que el Ejecutivo decretó sobre el directorio de Ancap y el sometimiento de UTE a los “lineamientos” del gobierno traducen la decisión oficial de minar la autonomía de los entes. Así, Vázquez advierte que no tolerará la repetición del “viva la pepa” en los entes estatales prohijado por Mujica y, de paso, los pone a recaudar con impuestos encubiertos en sus tarifas.

Esto contradice la promesa electoral del presidente, un político que suele decir que “el que avisa no traiciona”. En este caso avisó que no pondría más impuestos, pero lo está haciendo sin importarle que alguien lo tilde de traidor.