Hace pocas semanas, cuando asumió como ministro de Trabajo, José Bayardi anunció que no sería “neutral” al mediar en las relaciones entre trabajadores y empresarios pues3 el programa del Frente Amplio le impone defender a los primeros. A nadie sorprendió con este anuncio ya que la izquierda concibe al ministerio como un baluarte de la causa sindical, no como un tercero imparcial. Esa concepción política se aplica más allá del clásico “in dubio pro operario” (en caso de duda, a favor del obrero), una regla histórica del derecho laboral uruguayo que ahora yace sepultada.

Hace pocas semanas, cuando asumió como ministro de Trabajo, José Bayardi anunció que no sería “neutral” al mediar en las relaciones entre trabajadores y empresarios pues3 el programa del Frente Amplio le impone defender a los primeros. A nadie sorprendió con este anuncio ya que la izquierda concibe al ministerio como un baluarte de la causa sindical, no como un tercero imparcial. Esa concepción política se aplica más allá del clásico “in dubio pro operario” (en caso de duda, a favor del obrero), una regla histórica del derecho laboral uruguayo que ahora yace sepultada.

Es que aun cuando no haya duda alguna, al Frente Amplio le gusta presionar con el dedo ministerial el platillo de la balanza y desnivelarlo hacia uno de los lados. Eso pasa, los empresarios lo saben y lo sufren, pero así son las cosas. Sin embargo, en estos días hubo una novedad en la materia, un paso adelante en la política frenteamplista contraria a la neutralidad del gobierno en las relaciones laborales. Su adalid fue el Director Nacional de Trabajo, Luis Romero, a propósito del conflicto registrado en el hotel-casino Mantra de Punta del Este.

El asunto surgió cuando Vidaplan, la empresa privada que maneja el Mantra, resolvió despedir a 70 empleados. Alegó que el hotel-casino trabaja sólo en verano, que desde hace años viene dando pérdidas y que debió apelar a los despidos para asegurar la viabilidad de la compañía. A ello le sumó el efecto de la actual temporada que resultó deficitaria debido a las medidas adoptadas por el gobierno argentino para desalentar los viajes de sus nacionales. Esos son los argumentos de Vidaplan que, digámoslo, a primera vista parecen bastante plausibles.

El director Romero no discute esos motivos. Su punto es que no se negoció lo suficiente con el sindicato y que deben cumplirse todas las instancias previstas en el convenio colectivo antes de llegar a la fase del despido. Hasta ahí vamos bien. El tema se complica cuando Romero, decididamente lanzado a militar del lado de los empleados, desliza ante los medios esta frase sibilina: “De repente un local hotelero puede tener problemas. Si tiene una inspección y una inspección sale mal, puede tener problemas”.

La amenaza es evidente. Si Vidaplan no da marcha atrás Romero le anticipa que tendrá “problemas”. Así, en su intento de intimidar a los empresarios, amaga con utilizar las inspecciones que, como todo acto administrativo, están reguladas de modo preciso para satisfacer el interés público y no otros intereses. Esto es inaceptable, viola los derechos de la empresa y marca una tendencia al abuso del poder que la sociedad le confiere al Director Nacional de Trabajo quien no puede excusarse diciendo que busca defender a los trabajadores. Así, el ministerio no sólo deja de ser neutral sino que adopta los hábitos del extorsionador.

Es probable que en el futuro Romero se calme y que Vidaplan pueda explicar sus razones ante el ministerio. Pero esta tentativa de priorizar a toda costa el interés sindical y de anteponer lo político sobre lo jurídico no puede pasarse por alto. Tampoco puede olvidarse que nuestro derecho laboral ampara a una empresa privada que no tiene más remedio que despedir empleados cumpliendo a la vez con todas sus obligaciones legales. La inamovilidad es para los funcionarios públicos, no para los privados, le guste o no al amenazador Romero.