Antonio Mercader
Antonio Mercader

Las aguas turbias del Frente Amplio

Recuerdan el plebiscito para estatizar los servicios del agua? ¿Y del griterío en defensa de su manejo, conservación y pureza? Dos tercios de los uruguayos votaron en 2004 a favor de esa campaña para añadirle al artículo 47 de la Constitución una carilla entera de obligaciones del Estado. Casi ninguna se cumplió como puede apreciarse después de una década y dos gobiernos del Frente Amplio, el gran propulsor de aquel plebiscito.

Recuerdan el plebiscito para estatizar los servicios del agua? ¿Y del griterío en defensa de su manejo, conservación y pureza? Dos tercios de los uruguayos votaron en 2004 a favor de esa campaña para añadirle al artículo 47 de la Constitución una carilla entera de obligaciones del Estado. Casi ninguna se cumplió como puede apreciarse después de una década y dos gobiernos del Frente Amplio, el gran propulsor de aquel plebiscito.

La Constitución, así reformada, dice desde entonces que solo el Estado puede ocuparse de brindar los servicios de “abastecimiento de agua para consumo humano”. Vistas las protestas por la calidad del agua que consumimos y el alud de denuncias en torno a la potabilidad de las principales cuencas, es evidente que el Estado hizo mal los deberes. Tan mal que el Santa Lucía y el río Negro están bajo la amenaza de la contaminación al igual que otros ríos y lagunas del interior del país.

Esto sucede pese a que la reforma -votada en la misma campaña que llevó a Tabaré Vázquez a su primera presidencia- le encargó directamente al Estado “la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico”. Ni sustentable ni solidaria fue la gestión según los informes que indican que los ríos uruguayos padecen el flagelo de los vertidos industriales y los efectos del auge de la agricultura con el uso de agentes químicos para fertilización de los campos, así como perjuicios derivados de nuevas prácticas de engorde de ganado a corral. Los controles, si los hubo, fallaron.

Tal parece que durante ese auge -tan benéfico para la economía del país- pocos se acordaron de lo que el artículo 47 describe como “protección del medio ambiente y restauración de la naturaleza”. Tampoco se respetó el principio constitucional por el cual el servicio de agua potable “deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. La conclusión es que una vez aprobado el plebiscito -inspirado por el sindicato de OSE para detener la competencia de los privados- el tema fue archivado como si lo único importante hubiera sido blindar para siempre el sagrado monopolio estatal.

En tanto, ríos y lagunas con una espesa capa de algas, mal gusto y raro olor del agua que circula por las cañerías de Montevideo y otras ciudades, fueron y son motivo de alarma en un país que de pronto descubre las fallas de un recurso vital para su existencia. Una vez más, llegando tarde a la emergencia, el Estado sale a las apuradas a cumplir sus obligaciones desatendidas. Un Estado conducido en la última década por el Frente Amplio que tanto sensibilizó a la gente en 2004 con eslóganes tales como “OSE es de todos” o el “Agua es vida”. Vista su negligencia en la materia, es evidente que fue un plebiscito organizado más con fines electorales que con auténtica inquietud medioambiental.

Como en otros asuntos la pelota vuelve a caer en manos de Vázquez, de retorno a la Presidencia y preocupado por solucionar un problema que debió encarar con más seriedad hace diez años. Tan preocupado está que una de sus primeras decisiones fue ordenar a sus ministros que elaboraran un paquete de medidas para empezar a controlar lo que antes debió controlarse en defensa del agua potable. Ojalá no sea tarde.

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